Señala como funciones de la Dirección de Defensa Jurídica del Estado, la participación en la definición de las políticas y las estrategias generales de defensa jurídica del Estado, prevención del daño antijurídico y profesionalización de los apoderados del Estado, promover la utilización de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, como fórmula de arreglo en las controversias jurídicas en que esté involucrada una entidad del Estado, prestar asesoría a las entidades públicas de los diversos niveles, y hacer seguimiento a los comités de conciliación, para verificar el cumplimiento de sus funciones, en especial el estudio y formulación de la acción de repetición, así como servir de mediador en los conflictos presentados entre entidades del estado, proponiendo formulas de arreglo.
 

Dicta directrices en cuanto a la coordinación de la defensa de procesos con cuantía superior a 2000 salarios mínimos mensuales vigentes, indicándole al abogado encargado del proceso con la cuantía señalada, que deberá proceder a calificar el riesgo y presentar al comité de conciliación o al representante legal de las entidades destinatarias del Decreto 1716 de 2009 un informe recomendando la conciliación de los procesos con calificación de alta probabilidad de condena. Lo anterior, permite que los comités de conciliación, en el ejercicio de su función de diseñar políticas generales de defensa, velen por la idoneidad de la defensa de los intereses jurídicos, orientando la debida interposición de acciones, excepciones, recursos y, actuaciones legales ante presuntas acciones, omisiones o vías de hecho que puedan configurar delitos contra la administración de justicia.
 

Precisa aspectos relacionados con la intervención facultativa de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en procesos judiciales o arbitrales, acciones de tutela, extensión de jurisprudencia en vía judicial, conciliaciones extrajudiciales y citaciones a audiencias de procuradores judiciales, cuando se accione o vincule a una entidad pública distinta de la Agencia. Particularmente, señala que En los procesos judiciales en que se encuentre involucrada una entidad del orden terri¬torial, es claro que la Agencia no está llamada a intervenir ni a representarla judicialmente, en virtud de los postulados y competencias especiales enunciados en el numeral 1 de esta Circular, especialmente en razón a que no involucran intereses litigiosos de la Nación, requisito indispensable que recuerda el artículo 2.2.3.2.1., del Decreto 1069 de 2015. Sin embargo, de manera excepcional, mediante la suscripción de convenios interadministrativos y el correspondiente otorgamiento de poder, la Agencia podrá ejercer la representación judicial de la entidad territorial, tal como lo prevé el parágrafo 1°, numeral 3, artículo 6° del Decreto ley 4085 de 2011.
 

Precisa los términos, condiciones y alcance de la asesoría Legal que se prestará a las entidades públicas del orden nacional y territorial por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
 

Establece un plazo de seis meses para que las entidades y organismos distritales, a través de sus comités de conciliación, expidan su manual de prevención del daño antijurídico.
 

Solicita que en el término de diez (10) días hábiles siguientes se informe la expedición y aprobación del Manual de Política de Prevención del Daño Antijurídico de las entidades y organismos distritales, conforme la Circular 003 del 14 de febrero de 2020 de la Secretaria Jurídica Distrital.
 

Adiciona el Título 4 a la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo correspondiente a los aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales por concepto de los procesos judiciales que se adelantan en contra de las Entidades Estatales que conforman una sección del Presupuesto General de la Nación.
 

Modifica el cronograma de dos mecanismos del plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico en el Instituto Distrital de Turismo, adoptada por medio de la Resolución 251 de 2019 de la Dirección General.