Como quiera que la SuperVigilancia ha constatado que algunos procesos licitatorios adelantados por entidades del Estado carecen de claridad respecto de la aplicación de la normativa vigente que rige este tipo de servicios, afectando la competitividad en la medida en que sitúan en condición de desigualdad a aquéllos que optan por la adjudicación del respectivo contrato, informa a los funcionarios públicos sobre los mínimos requisitos que deben observarse a la hora de contratar servicios de vigilancia y seguridad privada. En el Decreto Ley 356 de 1994, en los decretos 2187 de 2001, 4950 de 2007, y en las resoluciones 2852 de 2006, 224 de 2008, y en las demás que las adicionan o las complementan, están previstas las reglas para la prestación de este servicio.
 

Establece que los proponentes en procesos de contratación publica que sean empresas privadas de vigilancia y seguridad privada en los procesos de licitación pública las Entidades Estatales otorgarán hasta el tres por ciento (3%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones a las empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada que tengan dentro de su personal operativo mujeres, personas con discapacidad y personas mayores de cuarenta y cinco (45) años vinculados a la planta de personal, con todas las exigencias y garantías legalmente establecidas.