Establece reglas para promover la reactivación empresarial y reestructuración de empresas que funcionen en el territorio nacional. Señala acuerdos de reactivación, promoción, requisitos y procedimientos, designación de peritos y promotores. Publicidad de acuerdos. Art. 1 a 12. Negociación de acuerdos, continuidad de contratos, estado, derechos y determinación de acreedores. Celebración de acuerdos, contenido, efectos, terminación, acciones judiciales y solución de controversias. Capitalización de activos y fondos, concertación laboral, estado de bienes, pago de capital, préstamos. Art. 13 a 51. Régimen tributario. Art. 52 a 57. Reestructuración de pasivos, avaluos, tramitación de nuevos concordatos, pago de acreeencias y vigencia. Art. 58 a 70. .
 

Alternativamente al proceso jurisdiccional de concordato, cuya competencia es de la Superintendencia de Sociedades, se prevé un nuevo mecanismo de solución para dichas crisis empresariales, que permita evitar su liquidación, el denominado acuerdo de reestructuración, que viene a ser un convenio entre los acreedores de la empresa y es una “convención colectiva” vinculante para empresario y acreedores, cuando es adoptado dentro de los parámetros de la Ley; se busca acudir a un mecanismo extrajudicial y de naturaleza contractual, que permita a la empresa salir de su situación y continuar con su misión productiva.
 

Se reglamenta lo relacionado con el régimen de los bonos de riesgo, Art. 1.
 

Reglamenta parcialmente el artículo 57 de la Ley 550 de 1999. Pago de tributos nacionales por contratistas acreedores de la Nación, deudas objeto de cruce de cuentas, autorización del pago de tributos nacionales, trámite entidad estatal nacional deudora, liquidación de intereses, trámite Administración de Impuestos y /o Aduanas Nacionales y solicitud de promoción de acuerdo de reestructuración.
 

La aplicación de acuerdos de reestructuración empresarial a entidades territoriales se fundamenta en el propósito de lograr el desarrollo armónico de las regiones y en la competencia del legislador para intervenir en el ámbito de la autonomía de dichos entes, sin afectar su núcleo esencial, conformado por la posibilidad de gestionar sus intereses y constituir formas de gobierno y de administración local. Dicha intervención debe encontrar justificación en razones vinculadas con el interés general, como por ejemplo propender por la viabilidad financiera de los entes territoriales cuyos efectos de orden macroeconómico son indiscutibles.
 

Reglamenta la administración fiduciaria de empresas e indica que en este caso se suspenden los órganos de dirección y representación de la misma a excepción del revisor fiscal, designa al representante legal del comité de vigilancia y le indica funciones; señala su responsabilidad y la remoción de los administradores, determina la elección del administrador fiduciario y la recusación de la sociedad seleccionada. Determina el contrato que se celebra y su contenido mínimo. Art. 1 a 9. Vigencia Art. 10
 

La suspensión de términos de prescripción, no caducidad de acciones, ni iniciación de procesos de ejecución o embargo de activos y recursos de la entidad o la suspensión de tales procesos o embargos, dentro de los procesos de reestructuración contenidos en la Ley 550 de 1999, no configuran vulneración del derecho a la igualdad, incumplimiento de obligaciones, ni desconocimiento de derechos adquiridos, como tampoco son una forma de extinción de obligaciones a cargo de departamentos, distritos y municipios sino un medio para poder cumplir con ellas, en cuanto se recupere la capacidad de gestión administrativa y financiera de la entidad territorial.
 

Crea el CONSEJO LOCAL DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD, REACTIVACIÓN, DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE.
 

Imparte instrucciones a los proveedores que comercialicen bienes en los días de exención del Impuesto sobre las Ventas (IVA), bien sea de manera presencial o a través de comercio electrónico, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2155 de 14 de septiembre de 2021, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los deberes legales en materia de protección al consumidor.
 

Autoriza a establecimientos de comercio para expender bebidas alcohólicas para su consumo en sitio entre las diez de la mañana (10:00 a.m.) y las tres de la mañana (3:00 a.m.) del día siguiente.
 

Imparte instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura.
 

Adopta un conjunto de medidas de política fiscal que operan de forma articulada, en materia de gasto, austeridad y eficiencia del Estado, lucha contra la evasión, ingreso y sostenibilidad fiscal, orientadas a dar continuidad y fortalecer el gasto social, así como a contribuir a la reactivación económica, a la generación de empleo y a la estabilidad fiscal del país, con el propósito de proteger a la población más vulnerable contra el aumento de la pobreza, preservar el tejido empresarial y afianzar la credibilidad de las finanzas públicas. Adicionalmente, se adoptan las medidas presupuestales correspondientes para su adecuada implementación.
 

Modifica el artículo 6° de la Resolución 168 de 2020, Por la cual se establece el Plan de Reactivación Económica para el Sector Agropecuario en el marco de la Emergencia Sanitaria por la presencia del coronavirus Covid-19 en el Territorio Nacional y se dictan otras disposiciones, modificado por la Resolución 287 de 2020.