Regula el acceso a la infraestructura del servicio de energía para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 151 de la Ley 1151 de 2007. Señala que las empresas o propietarios de infraestructura eléctrica, que reciban solicitudes de uso de la misma, por parte de prestadores de los servicios de telecomunicaciones garantizarán el libre acceso, previo el cumplimiento de las condiciones fijadas, así como del pago de la remuneración por el uso de la infraestructura eléctrica tales como ductos, torres y postes.
 

Expide las reglas sobre el uso de la infraestructura por parte de todos los operadores de servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión sonora y de televisión, de postes, ductos y torres, de todos los operadores de telecomunicaciones, incluidos los de Televisión por Cable, así como de las torres de los operadores de los servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones. Modifica la metodología de contraprestación económica y actualiza los topes tarifarios.
 

Expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, ¿Prosperidad para Todos¿. Establece como las entidades públicas nacionales, formuladoras de proyectos de infraestructura pública de transporte terrestre, deberán coordinar con el Ministerio de TIC la pertinencia de incorporar como parte de sus proyectos la infraestructura para el despliegue de las redes públicas de TIC o elementos que soporten su despliegue (art. 53); además indica que la CRC deberá expedir la regulación asociada al acceso y uso por parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones a la infraestructura dispuesta para redes y servicios de telecomunicaciones al interior de las zonas comunes que tengan un régimen de copropiedad o propiedad horizontal (art. 54), así como coordinara con la Comisión de Regulación de Energía y Gas la definición de las condiciones en las cuales podrá ser utilizada y/o remunerada la infraestructura y/o redes eléctricas, en la prestación de servicios de telecomunicaciones (art. 57).
 

Modificar el artículo 4.10.2.1 del capítulo 10 título iv de la Resolución CRC 5050 de 2016, respecto a la obligación de permitir el uso de postes y ductos utilizados en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Adiciona el artículo 4.10.2.4 al capítulo 10 título iv de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual establece los términos para la viabilidad.
 

La Corte Constitucional ordenó a Comcel suspender las operaciones que estaba desarrollando en la estación de comunicaciones ubicada en el cerro Damián en Suárez, Cauca, toda vez que la comunidad afrodescendiente asentada en el corregimiento de Mindalá (en Suárez) presentó una tutela contra esa empresa de telecomunicaciones, por construir una antena de telefonía celular sin haber realizado antes el procedimiento de la consulta previa. De acuerdo con los demandantes, el transporte de los materiales requeridos para la obra afectó los caminos veredales y generó el colapso de los puentes por los que transitaban los habitantes en sus actividades diarias. La Corte Constitucional concluyó que la construcción de la antena de comunicaciones había afectado directamente a los demandantes en un ámbito espiritual, social, económico y cultural. Particularmente, señaló que la ausencia de la consulta previa, el tránsito de la maquinaria pesada y el funcionamiento de la antena lesionaban la integridad cultural de la comunidad y otorgó cinco días a Comcel para que suspendiera las operaciones en la estación de telefonía celular, garantizando en todo caso la prestación del servicio, su funcionamiento y cobertura. Además, ordenó al Ministerio del Interior convocar a la comunidad para realizar el respectivo proceso de consulta previa.