Expide la ley de salud mental, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental en la población Colombiana a través de la promoción, prevención y atención integral que incluya diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, dando prioridad a los niños y adolescentes; la atención integral dependerá de los distintos niveles de complejidad que puedan presentar las personas, los cuales pueden ser, trastorno mental, discapacidad mental, problema psicosocial y/o rehabilitación psicosocial; así mismo, establece qué organismos deben dar cumplimiento a sus lineamientos y enumera cuáles son los derechos de las personas en el ámbito de la salud mental, catálogo de derechos que deberá ser publicado en un lugar visible por las instituciones prestadores de servicios de salud; será responsabilidad del Ministerio de Salud, en coordinación con los demás sectores coordinar las políticas y programas necesarios para garantizar el uso y desarrollo de las capacidades mentales por parte de todos los ciudadanos, así mismo, determina de qué manera se procederá para ejecutar las acciones de promoción y atención. Como parte de la red de servicios generales de salud, los entes territoriales deberán disponer de una red integral de prestación de servicios en salud mental; la inspección, vigilancia y control de la atención integral en salud mental, estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud.
 

De acuerdo a la necesidad del paciente, el manejo de la situación por la que se consulta, particularmente para los casos de referencia, se hace a través de los paquetes de atención integral en salud mental, los cuales se ofertan a través de las Empresas Sociales del Estado (ESE) de la red adscrita a través de las modalidades ambulatoria (consulta externa), internación parcial (hospital día) internación total (hospitalaria) y de urgencias orientado bajo los principios de calidad en cobertura, accesibilidad, oportunidad, pertinencia y continuidad (&) Como conclusión es necesario precisar que con base en lo anteriormente expuesto, la amplia oferta de servicios que se tiene para los individuos que requieren servicios de rehabilitación en salud mental, no aplica para aquellas personas que se encuentren cumpliendo penas bajo privación de la libertad. Una vez se haya cumplido con el tiempo definido por las instancias legales y de acuerdo a su nivel de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) puede ser vinculado a alguno de los programas ya expuestos ofertados en las ESE de la red pública con las que tenga contrato la EPS responsable de la atención en salud (...)
 

Indica que la Política Nacional de Salud Mental será de obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, en el ámbito de sus competencias y obligaciones.
 

La Organización Mundial de la Salud, en el «Manual de Recursos Sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación» prevé la necesidad de la creación de una normatividad para proteger las personas con trastornos mentales. Una persona que por su padecimiento mental es vulnerable ante la sociedad, siendo necesario la protección de sus derechos por mandato constitucional y legal, lo cual también encuentra soporte en varios instrumentos internacionales como por ejemplo en La Recomendación 818 de 1977, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y en la Resolución 61/106 del Sistema de Naciones Unidas. En nuestra legislación, se reguló este aspecto a través de la Ley 1616 de 2013, por medio de la cual se expidió la normatividad de salud mental en Colombia, y se dictan otras disposiciones.