Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta Ley modifica el contenido del artículo 62 del Decreto 01 de 1984, en cuanto a la manera como adquieren firmeza los actos administrativos, quedando subsumido el artículo 63 del Decreto 01 de 1984, el cual consagraba la institución del agotamiento de la vía gubernativa.(Art.87)
 

En los casos en que se controvierte la legalidad de sanciones de naturaleza disciplinaria, la Corte ha admitido de manera consistente la existencia de una íntima conexidad entre los actos administrativos que concluyen la actuación administrativa sancionatoria, esto es, los fallos sancionatorios propiamente dichos y los actos que con posterioridad pudiera expedir la administración para hacer efectiva la respectiva sanción, la que bien puede implicar el retiro del servicio. Dicha conexidad está dada en el hecho de que el acto de ejecución encuentra su causa en los actos sancionatorios, expedidos por la autoridad disciplinaria, sin que ello signifique que formen un todo o una unidad toda vez que, el primero de ellos esto es, el de ejecución no crea, modifica o extingue situación jurídica alguna del disciplinado. Lo anterior, ha sostenido la Sala, constituye una garantía para el disciplinado, en primer lugar, porque cuenta con la posibilidad de acudir ante el juez administrativo en el momento en que queden en firme los actos de ejecución, lo que frente a una eventual declaratoria de nulidad, en sede judicial, conllevaría a la pérdida de fuerza ejecutoria del acto conexo y, en segundo lugar, porque se impide el fraccionamiento del conteo del término de caducidad en la medida en que se toma un solo término para demandar la nulidad de la totalidad de actos que integran la actuación disciplinaria, en aquellos casos en que el mismo nominador ejecuta la sanción impuesta. Bajo estos supuestos, la vinculación laboral del actor constituye un hecho ajeno a la actuación administrativa sancionatoria. Sin embargo, la sanción de destitución impuesta por la Procuraduría General de la Nación entraña una inhabilidad sobreviniente, que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 261 de 2000 le impedía al actor el ejercicio de las funciones de Fiscal Delegado ante Tribunal .
 

En materia tributaria un acto administrativo para efectos de cobro coactivo cobra firmeza cuando: Contra el acto administrativo no proceda recurso alguno , Cuando vencido el término para interponer los recursos no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma , Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento de derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva.
 

Deja sin efectos la Resolución No. 005 del 21 de abril de 2023, donde se habia delegado en el doctor Alfredo José Bateman Serrano, Secretario Distrital de Desarrollo Económico, la participación de la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C., en la Reunión Ordinaria de Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitaled - ASOCAPITALES, programada para el 28 de abril de 2023.
 

Emite concepto sobre la pregunta de si ¿es viable proceder a la revisión del avalúo catastral a petición del propietario para la vigencia confirmada mediante acto administrativo y en firme para lo cual el peticionario manifiesta que se trata de otra petición y que aporta nuevas pruebas que sustentan su petición? El IGAC responde que la firmeza y la presunción de legalidad de los actos administrativos, el derecho fundamental al debido proceso y el principio de seguridad jurídica no es procedente adelantar el trámite de revisión del avalúo catastral de un predio, a petición del interesado, para una vigencia que previamente fue revisada en el marco del procedimiento de revisión del avalúo a solicitud de parte y cuyo acto administrativo, confirmando o modificando el avalúo catastral, está en firme.
 

Conceptúa sobre la ejecutoria de los actos administrativos tributarios y su por la Administración Tributaria Distrital y su correlativa exigibilidad en el proceso de cobro coactivo. Concluye que la existencia del acto y su notificación en debida forma son condiciones necesarias, pero no son suficientes por sí solas para habilitar el cobro, especialmente cuando el contribuyente ha ejercido acciones judiciales que aún no han sido resueltas de manera definitiva.