El Decreto expedido por el Alcalde Municipal de Facatativá, "adoptó la estratificación socioeconómica del municipio de Facatativá ", es un acto administrativo de carácter general que crea situaciones jurídicas individuales en los usuarios o suscriptores, sometido a los recursos que la ley prescribe para este tipo de manifestación de voluntad por parte de la administración.
 

En la publicidad de los actos administrativos, los defectos de publicidad, no son causal de anulación ni afectan su validez. Las Disposiciones generales se hace conocer mediante su publicación y las particulares deben notificarse individualmente La notificación personal de los afectados garantiza el derecho de defensa y contradicción.
 

¿El artículo 27 de la resolución sub examine refiere a las derogatorias y al hacerlo dispone que (i) "rige a partir de su expedición" y (ii) deroga las Resoluciones 3099, 3754, 3977, 5033 de 2008 y 1099 y 3876 de 2009 y demás disposiciones que le sean contrarias. Frente a la primera previsión consistente en que el acto administrativo "rige a partir de su expedición", la Sala destaca que el apartado c) del artículo 119 de la Ley 489 de 1998 dispone que todos los actos administrativos de carácter general deben publicarse en el diario oficial. El parágrafo del mismo precepto agrega que únicamente con la publicación que de los actos administrativos se haga en el Diario Oficial, se cumple con el requisito de publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad. Este precepto es desarrollo del postulado constitucional de publicidad, uno de los principios medulares de la función administrativa, previsto tanto por el artículo 209 CN, como por el artículo 3º de la citada Ley 489. En tal virtud y en atención a su flagrante oposición al mandato superior, se declarará nula la frase subrayada, en tanto contiene una regla inversa a la legal, que obviamente atenta contra el principio de publicidad de los actos administrativos¿
 

¿En cuanto a la violación del principio de publicidad alegada por el actor, la Sala encuentra que la falta de publicidad de un acto administrativo de carácter general no es causal de nulidad del mismo, sino de oponibilidad a sus destinatarios; por lo tanto, la falta de publicación de los actos administrativos demandados no afectan su validez, sino su eficacia. El acto administrativo que no ha sido publicado existe como tal una vez se hayan producido los elementos esenciales de su legalidad; sin embargo, sus efectos en el mundo de derecho sólo se producirán una vez el acto sea publicado; de lo contrario, la decisión permanecerá al interior de la administración, será inoponible frente a terceros y carecerá de obligatoriedad para los mismos¿
 

¿...Se advierte que la publicidad es uno de los principios rectores que se deben cumplir en todas las actuaciones administrativas, para que sus destinatarios conozcan los actos administrativos y se enteren de su contenido, y además, impugnarlos a través de los recursos y acciones respectivos, en caso de inconformidad por parte del interesado¿.
 

La Corte Constitucional exalta que no resulta lesivo del principio de publicidad y del derecho a la información sobre la actividad de la Administración, del cual son titulares los ciudadanos, modificar e incluso suprimir formas de publicidad de la actividad contractual del Estado, siempre y cuando tales cambios contribuyan a realizar los principios de publicidad, eficacia y economía establecidos como marco de la función administrativa en el artículo 209 de la Carta. Dadas las ventajas de la comunicación electrónica, la Corte considera que las disposiciones de los artículos 218,222 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012, no son inconstitucionales cuando sustituyen la publicidad de la gestión contractual del Estado en medios escritos por publicidad en medios electrónicos.
 

El principio de publicidad, visto como instrumento para la realización del debido proceso, implica la exigencia de proferir decisiones debidamente motivadas en los aspectos de hecho y de derecho, y el deber de ponerlas en conocimiento de los distintos sujetos procesales con interés jurídico en actuar, a través de los mecanismos de comunicación instituidos en la ley17, con el fin de que puedan ejercer sus derechos a la defensa y contradicción.
 

Indica que el principio de publicidad, consagrado en la Constitución Política impone a las autoridades judiciales y administrativas, el deber de hacer conocer a los administrados y a la comunidad en general, todos los actos que aquellas profieran en ejercicio de sus funciones y que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación, sanción o multa
 

Sugiere que el mecanismo viable para aplicar el principio de publicidad en un trámite de transferencia de dominio mediante acto administrativo, como fórmula de solución frente a la no comparecencia de las personas reconocidas en un acto administrativo previo de compensaciones de zonas de cesión, es la aplicación del artículo 73 de la Ley 1437 de 2011, adicionalmente recomienda revisar la Ley 2080 de 2021 en materia de publicaciones, atendiendo las características de la población involucrada en el trámite y las condiciones derivadas de la pandemia por Covid-19.