Establece requisitos para actuar como conciliador extrajudicial en derecho en los trámites de insolvencia económica para la persona natural no comerciante.
 

Establece el contenido mínimo del Programa de Formación en Conciliación Extrajudicial en Derecho.
 

Compila las normas reglamentarias del Sector Justicia y del Derecho; entre otras las disposiciones relacionadas con la Conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo, señalando que se podrá conciliar total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de los medios de control previstos en los artículos 138, 140 y 141 del CPACA (Artículos 2.2.4.3.1.1.2 al 2.2.4.3.1.1.14).
 

Se establece que podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de los medios de control previstos en los artículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.
 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB y el Municipio de Ibagué  Secretaría de Educación de Ibagué, suscribieron acuerdo conciliatorio respecto del pago de la suma de $427.779.556, incluído el IVA, por concepto de servicios de telecomunicaciones prestados por ETB en ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2581 de 2014. Las partes decidieron por voto unánime aceptar la recomendación propuesta, dadas las consideraciones de hecho y de derecho expuestos y, adicionalmente, porque genera de forma rápida el ingreso de capital a ETB.
 

El órgano de cierre estableció como regla jurídica respecto de los aportes pensionales causados como consecuencia de la declaratoria de la existencia del contrato realidad, que no operan los fenómenos jurídicos de prescripción ni caducidad, ni existe la obligación de agotar la conciliación extrajudicial, ni de solicitarlo de manera expresa en la demanda, pues en virtud a que no se pueden desconocer por tratarse de derechos fundamentales irrenunciables, supone una mayor y efectiva protección de los derechos pensiónales de la accionante.
 

Adopta medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID - 19 y asegurar la continuidad en la prestación del servicio público de la conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativo.
 

Indica que mediante el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, se estableció la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa cuando se pretenda promover las acciones de los artículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 

Establece que las modalidades de las audiencias no presenciales podrán ser sincrónicas (grabación en audio y video en simultáneo) o asincrónicas (mediante correo electrónico).
 

Establece que la conciliación podrá ser judicial, si se realiza dentro de un proceso judicial, o extrajudicial, si se realiza antes o por fuera de un proceso judicial. La conciliación extrajudicial se denominará en derecho, cuando se realice a través de centros de conciliación, ante particulares autorizados para conciliar que cumplen función pública o ante autoridades en cumplimiento de funciones conciliatorias. La conciliación extrajudicial se denominará en equidad cuando se realice ante conciliadores en equidad aplicando principios de justicia comunitaria dentro del ámbito establecido por la ley. Dispone que son operadores para conciliar extrajudicialmente: Los conciliadores inscritos en los centros de conciliación debidamente autorizados para prestar sus servicios, sean de entidades con o sin ánimo de lucro, de notarías, de entidades públicas o de los consultorios jurídicos de las Instituciones de Educación Superior; los servidores públicos facultados por la ley para conciliar y los defensores del consumidor financiero. En la conciliación en equidad, serán operadores de la conciliación, los conciliadores en equidad debidamente nombrados por la autoridad competente, conforme a lo establecido en la presente ley.
 

Regula el trámite de conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso-administrativo, dando prevalencia al uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
 

Fija los criterios sobre el contenido mínimo de los programas de Capacitación y de Formación en Conciliación Extrajudicial en Derecho, se establecen los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento del aval que lo autoriza