La Corte Constitucional ordenó a Comcel suspender las operaciones que estaba desarrollando en la estación de comunicaciones ubicada en el cerro Damián en Suárez, Cauca, toda vez que la comunidad afrodescendiente asentada en el corregimiento de Mindalá (en Suárez) presentó una tutela contra esa empresa de telecomunicaciones, por construir una antena de telefonía celular sin haber realizado antes el procedimiento de la consulta previa. De acuerdo con los demandantes, el transporte de los materiales requeridos para la obra afectó los caminos veredales y generó el colapso de los puentes por los que transitaban los habitantes en sus actividades diarias. La Corte Constitucional concluyó que la construcción de la antena de comunicaciones había afectado directamente a los demandantes en un ámbito espiritual, social, económico y cultural. Particularmente, señaló que la ausencia de la consulta previa, el tránsito de la maquinaria pesada y el funcionamiento de la antena lesionaban la integridad cultural de la comunidad y otorgó cinco días a Comcel para que suspendiera las operaciones en la estación de telefonía celular, garantizando en todo caso la prestación del servicio, su funcionamiento y cobertura. Además, ordenó al Ministerio del Interior convocar a la comunidad para realizar el respectivo proceso de consulta previa.
 

Modifica el parágrafo transitorio del artículo 2.5.1.4.7 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, sobre el período y elección de los delegados ante el Espacio Nacional de Consulta Previa de las medidas legislativas y administrativas de carácter general, susceptibles de afectar directamente a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras
 

La Corte Constitucional resalta la grave situación de la comunidad Esfuerzo Pescador, que ha sido sistemáticamente afectada por el conflicto armado y las adversidades económicas. Esta realidad ha contribuido a un contexto de vulnerabilidad que tiene profundas repercusiones en la calidad de vida de los miembros de la comunidad. La precariedad económica no solo limita el acceso a recursos básicos, sino que también restringe las oportunidades de desarrollo social y humano. En este sentido, el reconocimiento de sus derechos territoriales se presenta como una necesidad urgente y fundamental. Este reconocimiento no solo implica la titularidad de las tierras, sino también el acceso a la autosuficiencia, la garantía de seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la cohesión social. Al abordar las condiciones vulnerables en las que vive esta comunidad, se pone de relieve la importancia de que las instituciones estatales actúen para restaurar la dignidad y promover el bienestar de sus habitantes, permitiendo que puedan forjar un futuro más equitativo y sostenible.