Deniega la Nulidad de la Resolución, encontrando que que dicho acto administrativo no encarna situación distinta a la materialización de los compromisos mutuamente adquiridos entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional en dicho Acuerdo, lo cual implicaba que para el cumplimiento de lo allí consignado, se diera vía libre a la conformación de la Mesa de Diálogo, debidamente autorizada y dispuesta bajo el amparo estatal, tal cual se lo exigen al Presidente de la República los artículos 8º y 10 de la Ley 418 de 1997, en lo que se erige como punto de partida para desarrollar la agenda tendiente a obtener la solución pacífica y negociada del conflicto sostenido con dicho grupo armado.
 

Se modifica la Constitución Política para incluir el procedimiento legislativo especial para la paz, con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional y transitoria se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, por un período de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo.
 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera se suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).
 

Reglamenta el artículo 61 de la Ley 975 de 2005, modificada y adicionada por la Ley 1592 de 2012. Señala que el Gobierno Nacional con el fin de propiciar acuerdos humanitarios podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la medida de exmiembros de grupos armados organizados al margen,
 

Se establecen los Puntos de Pre- agrupamiento Temporal como Zonas de Ubicación Temporal y se dictan otras disposiciones para la ubicación de los miembros de las FARC-EP dentro del proceso de desmovilización del Acuerdo Final.
 

Modifica el Decreto 1082 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Planeación, en lo que se refiere a la celebración de los Contratos Plan. El Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación y las entidades territoriales, podrán suscribir Contratos Plan para la Paz, en adelante Contratos Paz, para atender de manera prioritaria las necesidades, contribuir al cierre de brechas sociales e impulsar el desarrollo de aquellos territorios que históricamente han sido afectados por el conflicto armado. Estos contratos se desarrollarán teniendo en cuenta:) focalización en zonas de incidencia del conflicto; ii) desarrollo de componentes participativos en su construcción e iii) identificación y priorización de proyectos asociados a líneas programáticas estratégicas para la construcción de paz. Igualmente, señala los requisitos para su celebración, así mismo se señala la obligatoriedad de adoptar un documento CONPES al respecto.
 

Modifica el Decreto 1081 de 2015, en lo relacionado con las listas que acreditan la pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley. De esta forma cuando se trate de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos con el Gobierno nacional, la calidad de miembro del grupo armado organizado al margen de la ley de que se trate, se acreditará mediante una lista suscrita por los voceros o miembros representantes designados por dicho grupo, en la que se reconozca expresamente tal calidad. Con relación a los niños, niñas y adolescentes que fueron utilizados o participaron directa o indirectamente en las actividades del grupo armado organizado al margen de la ley, los voceros o miembros representantes de dicho grupo entregarán una lista separada que acreditará la pertenencia, más no la calidad de miembros de dichos menores. Finalmente las listas mencionadas en este decreto serán recibidas y aceptadas por el Alto Comisionado para la Paz de buena fe, sin perjuicio de las verificaciones correspondientes, mediante un acto administrativo formal que hará las veces de certificación de pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley de que se trate.
 

Establece las condiciones para el aseguramiento en salud de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) durante su permanencia en los puntos de preagrupamiento temporal, zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización, así como de los que hagan parte del mecanismo de monitoreo y verificación, o el que haga sus veces, de los que participen en tareas humanitarias y de construcción de confianza acordados en los diálogos de paz y de los que hagan parte del proceso de tránsito a la legalidad
 

Crea el Consejo Nacional de Reincorporación como instancia para definir las actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación de los integrantes de las FARC-EP a la vida legal, en lo económico, lo social y lo político, según sus intereses.
 

Modifica la Ley 418 de 1997 para incluir una autorización al Gobierno nacional para adelantar diálogos con grupos armados con el fin de promover la reconciliación entre los Colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz. Señala que se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, aquel que bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones sostenibles y concertadas.
 

Regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
 

Con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional y transitoria se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, por un período de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo. Este procedimiento podrá ser prorrogado por un período adicional de hasta seis meses mediante comunicación formal del Gobierno nacional ante el Congreso de la República. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional declara exequibles los artículos 1 y 2 (parciales) del Acto Legislativo 1 de 2016 Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
 

Crea un título de disposiciones transitorias en la Constitución Política para la terminación del conflicto armado y la construcción de una Paz estable y duradera. Establece el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) el cual está compuesto por los siguientes mecanismos y medidas: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición..
 

Adiciona un artículo transitorio a la Constitución Política con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en tal sentido establece que los contenidos del mismo que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las disposiciones constitucionales.
 

Adiciona nuevos artículos transitorios con el fin de regular parcialmente el componente de reincorporación política del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
 

Establece una Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) como Zona de Ubicación Temporal, en el Departamento de Norte de Santander  Municipio de Tibú - Vereda Caño el Indio, cuyas coordenadas que definen la delimitación geográfica, georreferenciación y graficación, que se precisan en los documentos anexos de esta norma incluida su zona de seguridad, la sede local del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), el o los campamentos dentro de la ZVTN y el área de recepción, con el objetivo de garantizar el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas (CFHBD-DA).
 

Crea la Comisión nacional de Garantías de Seguridad, cuyo objeto es el diseño y el seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los Acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo
 

Dictan disposiciones sobre el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación y se dispone de los saldos del mismo para financiar proyectos de inversión para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Particularmente señala que el saldo del portafolio del Fondo Nacional de Regalías en liquidación (FNR-L) que resultase luego del giro de las asignaciones a proyectos de inversión previamente aprobados, se utilizará, además de lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley 1530 de 2012, a financiar proyectos de inversión.
 

Regula la contratación para la erradicación manual de cultivos ilícitos en el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Señala que la Policía Nacional tiene como función contratar la erradicación manual de cultivos ilícitos tomando en consideración los precios del mercado, sin que se requiera realizar una convocatoria pública. Además, se estipula el procedimiento que tiene lugar para dicha contratación.
 

Establece el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 de 2016 "Por medio del cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones", en tal sentido, regula la amnistía de iure concedida por la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 para las personas privadas de la libertad por delitos políticos y delitos conexos con estos, así como el régimen de libertades condicionales para los supuestos del artículo 35 de la Ley 1820 de 2016.
 

Modifica los artículos 2.1.10.6.2. y 2.1.10.6.8 del Capítulo 6 del Título 10 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto número 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, con el objeto de extender la aplicación a los miembros de las FARC- EP para garantizarles el derecho fundamental a la salud, definir las condiciones de aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como adicionar disposiciones que permitan la afiliación de los hijos menores de edad, durante el término de operación de las zonas de ubicación.
 

Crea el Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección en virtud del cual la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior y demás entidades, dentro del ámbito de sus competencias, incluirán como población objeto de protección, a las y los integrantes, del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, sus actividades y sedes, a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil, así como a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo. Se establece como población objeto del programa los menores de edad que salgan de los campamentos.
 

Conforma el Comité de Escogencia para la selección de unos miembros del Sistema Integral de Vedad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Dicho Comité tiene por objeto la selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Director de la Unidad de Investigación y Acusación, los juristas expertos extranjeros que actuarán en calidad de amicus curiae, el Secretario Ejecutivo de la JEP, el Presidente o Presidenta inicial de la JEP, los comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), incluido su Presidente, y el director de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD).
 

Organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repeteción como un ente autónomo e independiente del orden nacional, de rango constitucional, con personería jurídica, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeto a un régimen legal propio, por un período de tres (3) años de duración. Establece los objetivos, los criterios orientadores, su mandato, funciones, atribuciones y metodología y órganos de dirección. Establece reglas respecto al acceso a la información y para su financiación.
 

Teniendo en cuenta el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP, refrendado por el Congreso de la República el 30 de noviembre de 2016, y en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, se organiza la "Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado - UPBD" por un periodo de 20 años, con el fin de contribuir en la protección de los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación. La Unidad será la encargada de todas las acciones humanitarias necesarias para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas en razón del conflicto armado, así como de la recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados.
 

Modifica la Ley 1448 de 2011, en lo relacionado con la certificación de desvinculación de menores en caso de acuerdos de paz, mediante el cual se expresa que todos los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento, tendrán derecho a la reparación integral. La restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes estará a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
 

Sustituye el Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas afectadas por el conflicto, por el Fondo Colombia en Paz FCP, instrumento para la administración, coordinación, articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos para realizar las acciones necesarias para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. En concordancia con lo anterior, se reglamenta el régimen su estructura funcional, y administración eficiente de los recursos.
 

Se precisa la posibilidad de interponer la acción de hábeas corpus en casos de prolongación indebida de la privación de la libertad derivados de la no aplicación oportuna de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto-ley 277 de 2017.
 

Visa de Residente Especial de Paz para ciudadanos extranjeros miembros de las FARC-EP, que se encuentren en los listados entregados por representantes de dicha organización.
 

Se regula el Pago por Servicios Ambientales. Se establece que todas las políticas y regulaciones relativas a los programas de pago, se armonizarán, cuando sea necesario, con los planes nacionales para la reforma rural integral, los programas de desarrollo con enfoque territorial - PDET, el programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos - PNIS y el plan marco para la implementación de los acuerdos, previstos en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
 

Se adoptan normas sobre la organización y prestación del servicio educativo estatal y el ejercicio de la profesión docente en zonas afectadas por el conflicto armado, reglamentando un concurso especial de docentes, que se llevará a cabo por una sola vez, para proveer las vacancias definitivas pertenecientes a la planta de cargos docentes en las zonas definidas por el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con los municipios priorizados para la implementación de los Planes de Desarrollo Territorial (PDET). Esta norma tiene una conexidad suficiente con el punto 1.3.2.2 del Acuerdo Final, pues tiene por objeto garantizar la provisión de docentes exclusivamente en aquellos municipios en los que existen dificultades para llenar dichas vacantes.
 

Expide normas tendientes a la implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
 

Se modifica la estructura y se crean unos cargos en la planta de la Contraloría General de la República en el sentido de crear en esta organización, la dependencia denominada Unidad Delegada para el Posconflicto, adscrita al Despacho del Contralor General de la República, con la misión de liderar, coordinar y hacer seguimiento de toda la acción de la Contraloría General de la República, en relación con la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; los recursos públicos destinados para tal efecto; la institucionalidad creada para cumplir los compromisos asumidos por el Estado; y las políticas públicas diseñadas y desarrolladas por éstas.
 

Se adiciona un artículo transitorio al Decreto 2067 de 1991, teniendo en cuenta la exigencia impostergable de que la Corte pueda suspender los términos de los asuntos ordinarios que cursan ante el pleno de la Corporación, y así agilizar la revisión de la normatividad expedida en el marco del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz para cumplir con la función constitucional que le fue encomendada en el Acto Legislativo 01 de 2016.
 

Crea los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET como un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final. Cada PDET tiene por finalidad lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y la relación equitativa entre el campo y la ciudad, asegurando el bienestar, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar y las formas propias de producción de las [pueblos, comunidades y grupos étnicos]; el desarrollo y la integración de las regiones golpeadas por el conflicto y el reconocimiento y la promoción a las organizaciones de mujeres rurales que permitan finalmente, hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación.
 

Crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política con el objeto de garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución.
 

Crea el programa de reincorporación económica y social para los integrantes de las FARC-EP en virtud del cual el Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR), la Agencia para la Reincorporación y Normalización -ANR y las entidades con funciones relacionadas, atiende las gestiones necesarias para la reincorporación a la vida social y económica de dichos integrantes y sus familias, según sus intereses. El programa contempla, con un enfoque diferencial y de género, los siguientes subprogramas: Prestaciones Económicas y Seguridad Social, Proyectos productivos y los demás estipulados en el presente decreto. Siguiendo con los lineamientos descritos se mencionan los recursos que tienen derecho este programa.
 

Se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones
 

Define y establece los criterios, medidas e instrumentos del Programa de Reincorporación Económica y Social, colectiva e individual, a la vida civil de los integrantes de las FARC-EP, en el marco del Acuerdo Final.
 

Se adiciona el artículo 8 de la Ley 418 de 1997, a su vez modificado por el artículo 1 de la Ley 1779 de 2016, teniendo en cuenta que se hace necesario y urgente, para una transición regular y con seguridad jurídica hacia la Jurisdicción Especial de Paz, establecer claramente la situación jurídica provisional en la que quedarán los miembros de FARC-EP que dejan las armas, al término de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización; y se dictan otras disposiciones.
 

Adopta las medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el fondo de tierras; define quiénes son sujetos de acceso a tierras, el proceso de formalización a título gratuito y las obligaciones que adquieren.
 

Dicta disposiciones para la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las FARC-EP en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
 

Se adiciona el capítulo 5 del decreto 1069 de 2015 por medio del cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales diferenciados previstos en la ley 1820 de 2016.
 

Adiciona la Sección 2 al Capítulo 5 al Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia, por el cual se dictan disposiciones sobre tratamientos penales especiales respecto a miembros de la Fuerza Pública, reglamentando la Ley 1820 de 2016, y se dictan otras disposiciones. Los beneficios derivados del componente de justicia del Acuerdo Final se aplicarán de manera simultánea a los miembros de las FARC- EP y a los agentes del Estado que estén detenidos o condenados por conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno y que manifiesten o acepten su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz.
 

Para efectos de dotar de seguridad Jurídica al proceso de dejación de armas y que se logre culminar las actividades del proceso de extracción de las mismas conforme a los procedimientos convenidos en los respectivos protocolos se prorrogarán las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN) hasta el 31 de Agosto del presente año (2017). Con la finalización de dicho proceso de extracción de armas se dará por terminado el proceso de dejación de las mismas. Teniendo en cuenta lo anterior una vez finalizado dicho proceso, estas zonas se transformarán en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), a efectos de continuar el proceso de reincorporación de los ex miembros de las PARC - EP.
 

Crea la Comisión Transitoria de Verificación de los Bienes y Apoyo al Administrador del Patrimonio Autónomo que tendrá como finalidad asegurar el apoyo técnico, administrativo y financiero al administrador de dicho patrimonio en el proceso de recepción material, verificación, custodia y administración de los bienes incluidos en el inventario entregado por las Farc- EP. Los ex-integrantes de la organización que en su momento suscribieron el inventario de los bienes deberán garantizar la entrega material de cada bien incluido en este y responderán por su cuidado e integridad hasta el momento en que se realice dicha entrega material. Para el efecto deberán designar unos delegados que se encarguen de este proceso en relación con cada bien.
 

Adopta las medidas requeridas para el funcionamiento del órgano colegiado de administración y decisión del OCAD PAZ, establece los criterios de priorización para los proyectos que tengan por objeto la implementación del Acuerdo Final, así como el mecanismo para la presentación de los proyectos de inversión, los cuales deben estar en concordancia con el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
 

Se dictan disposiciones transitorias para la puesta en funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz, como la designación del Ministro de Justicia y del Derecho como funcionario de enlace entre el Gobierno nacional y la JEP, y el Secretario Ejecutivo de la JEP, para que en el marco de sus competencias den cumplimiento a las funciones transitorias de que trata el Acuerdo Especial
 

Establece las disposiciones para el funcionamiento de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), creados mediante el Decreto número 1274 de 2017 y dicta disposiciones al respecto.
 

Reglamenta el parágrafo del artículo 4° del Decreto-ley número 1534 de 2017 en lo relativo al requisito de reconocida idoneidad que se exige a las entidades privadas sin ánimo de lucro que administren recursos públicos para presentar proyectos de infraestructura de transporte directamente ante el OCAD PAZ.
 

Reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
 

Establece una Misión de Verificación de las naciones Unidas en Colombia - La Misión de Verificación II - que se encargará de verificar la reincorporación política, económica y social de las FARC-EP y la implementación de medidas de garantías de seguridad personal y colectiva y de programas integrales de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios.
 

Dicta directrices respeto al Proceso de Reincorporación dentro del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. SE establece que los ministerios, departamentos administrativos y entidades descentralizadas del orden nacional con funciones relacionadas con la reincorporación de los integrantes de las FARC- EP deberán adelantar las acciones, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, con el objeto de que en el marco de los proyectos con los que cuentan efectúen la focalización de recursos necesarios del presupuesto 2018 y así disponer de la oferta suficiente que permita avanzar en la implementación del proceso de reincorporación y consecuentemente implementar de la mejor manera posible el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
 

Adiciona un nuevo artículo transitorio a la Ley 5 de 1992 con el objeto de promover la creación del futuro partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida política legal, podrá designar 3 voceros o voceras en cada una de las cámaras en que se divide el Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes) para que participen en el debate de los proyectos de reforma constitucional o legal que sean tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz de que trata el Acto Legislativo 01 de 2016. Estos voceros o voceras deberán ser ciudadanos o ciudadanas en ejercicio, y se convocarán a todas las sesiones en que se discutan tales proyectos. Podrán intervenir con las mismas facultades que tienen los Congresistas durante el trámite legislativo, salvo el voto y cumplirán a cabalidad con el reglamento del Congreso.
 

Autoriza el reconocimiento económico de los costos asociados a la participación de los integrantes de FARC en proceso de Reincorporación, acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), en los Planes y Programas sociales contemplados en el artículo 17 del Decreto-ley número 899 de 2017 en el marco del Acuerdo Final.
 

Dispone que el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondopaz), garantizará el suministro de víveres secos y frescos hasta el 31 de diciembre de 2018 a los ex-miembros de las extintas FARC-EP que se encuentren ubicados en los Espacios Territoriales de capacitación y Reincorporación (ETCR) y en sus áreas aledañas
 

Adiciona el Capítulo 4, al Título 2, Parte 3 del Libro 2 del Decreto número 1081 de 2015 y se reglamentan las condiciones para acceder a los beneficios de la reincorporación a la vida civil en lo económico y lo social de los exintegrantes de las FARC-EP.
 

Establece directrices para la atención a los menores que salieron de los campamentos de las FARC-EP.
 

Adiciona y modifica la Ley 418 de 1997 en lo relacionado con el fortalecimiento de algunos instrumentos que permitan la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y asegurar la vigencia del Estado Social de Democrático de Derecho, en el marco de la terminación del conflicto y la estructuración de los acuerdos de paz adelantados en el territorio colombiano.
 

La Corte ha considerado que el Decreto 700 de 2017 única y exclusivamente identifica uno de los eventos que encuadran en el supuesto de prolongación ilegal de la privación de la libertad, según lo que prescribe la Ley 1095 de 2006, a saber: la ausencia de resolución oportuna, sin justificación alguna, de la solicitud de libertad establecida en la ley. Esta conclusión se opone a calificar el decreto ley cuyo escrutinio se adelanta, como una norma interpretativa de las disposiciones que refiere en su artículo 1º. En efecto, la jurisprudencia de este Tribunal ha sostenido que las normas interpretativas tienen como propósito determinar el sentido exacto de las normas oscuras, vagas o imprecisas y, por ende, hacer posible su fácil y correcto entendimiento, con el propósito de lograr la integración en un sólo cuerpo jurídico de la norma interpretativa junto con el precepto interpretado. En este caso el artículo 1º, con el fin de enfrentar una situación de incumplimiento de los términos para resolver las solicitudes de libertad condicional que -a juicio de la Presidencia de la República- podía minar la confianza en el cumplimiento del Acuerdo Final y anular la efectividad de las disposiciones adoptadas, no estableció el alcance de enunciados oscuros, vagos o imprecisos, sino que reiteró un contenido ya vigente en el ordenamiento.
 

Modifica y adiciona el Decreto 1407 de 2017 sobre la entrega de material por parte de los exintegrantes de las FARC-EP, que en todo caso, antes del 31 de julio de 2020, los exintegrantes de las FARCEP deberán realizar la entrega material de todos los bienes incluidos en el inventario. Vencido este plazo, la entidad designada para realizar la recepción, verificación, custodia y administración de los bienes inventariados, informará el resultado de la entrega voluntaria a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación (FGN) para lo de sus competencias.
 

Establece que antes del 31 de diciembre de 2020, los exintegrantes de las FARC-EP deberán realizar la entrega material de todos los bienes incluidos en el inventario. Vencido este plazo, la entidad designada para realizar la recepción, verificación, custodia y administración de los bienes inventariados, informará el resultado de la entrega voluntaria a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación (FGN) para lo de sus competencias.
 

Modifica el Decreto 587 de 2017 en el sentido de variar el Comité de Escogencia para la selección de unos miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).