Establece que, el auxilio de transporte que se paga a los empleados públicos, no es considerado como salario y por lo tanto no hace parte de la liquidación para el pago de aportes parafiscales que deben realizar las entidades públicas.
 

Se establecen los criterios para el reconocimiento y pago del auxilio de transporte en el orden territorial, teniendo en cuenta que es una figura creada con el objetivo de subsidiar el costo de movilización de los empleados desde su casa al lugar de trabajo. Teniendo esto en cuenta, el Gobierno Nacional debe fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública e igualmente regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.
 

Establece que mientras esté vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el empleador deberá reconocer el valor establecido para el auxilio de transporte como auxilio de conectividad digital a los trabajadores que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes y que desarrollen su labor en su domicilio.
 

Fija el auxilio de transporte para el año 2026 aplicando el porcentaje de incremento del veinticuatro coma cinco por ciento (24,5%) respecto del valor vigente en 2025, atendiendo a la evolución de los costos efectivos de transporte y la necesidad de preservar su función compensatoria. En virtud de dicho ajuste, el auxilio de transporte se establece para la vigencia 2026 en la suma de doscientos cuarenta y nueve mil noventa y cinco pesos ($249.095), como una medida razonable, proporcionada y consistente con la política salarial integral definida para dicha vigencia.