El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "A", confirmó la sentencia del 7 de marzo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la nulidad de las Resoluciones 556 de 23 de octubre de 2003 y 0628 del 9 de diciembre del mismo año, por medio de las cuales un municipio negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, La anterior decisión teniendo en cuenta que no se demostró una relación laboral, legal o reglamentaria a pesar de su vinculación mediante contratos de prestación de servicios.
 

Emite directrices relativas respecto a la contratación de prestadores de servicios y la relación que las entidades del Distrito tienen con ellos, como la capacitación que debe darse a estos colaboradores y la protección a la mujer en estado de embarazo y/o lactante.
 

Los contratos de prestación de servicios con el Estado son los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, conforme a la definición del artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993. Dicha norma además establece que los contratos de prestación de servicios con el Estado no generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. Por lo tanto, las actividades que debe realizar un contratista de prestación de servicios de la SED son las que se hayan pactado en el respectivo contrato, de acuerdo a las necesidades u obligaciones de la SED plasmadas en los estudios y documentos previos.
 

Señala la Corte que se constituye una relación contractual cuando se pacta la prestación de servicios relacionados con la administración o funcionamiento de la entidad pública, el contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada, le pagan honorarios por los servicios prestados y la labor convenida no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados.
 

Solicita concepto sobre la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. La liquidación es un trámite pos contractual previsto para que las partes del contrato puedan declararse a paz y salvo mutuo o, por el contrario, dentro del balance de obligaciones realizado, se identifiquen los pendientes y se dejen las salvedades del caso.
 

Conceptúa que existe viabilidad para celebrar convenios solidarios y contratos estatales, entre otros, de prestación de servicios con las juntas de acción comunal; así las cosas, la escogencia por parte de la entidad para la celebración de uno u otro, dependerá de la necesidad que pretenda satisfacer y de la correspondiente estructuración contractual.