Documentos para SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS :: Medidas de Protección
Año   Documento   Restrictor  
2017   Resolución 1442 de 2017 Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas  

Establece el procedimiento para la entrega de bienes de uso colectivo a los sujetos de Reparación Colectiva acordados en el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), que implementa la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.7.8.10 del Decreto 1084 de 2015 y en consonancia con lo establecido en la Ley 1448 de 2011.
 

 
2019   Sentencia C-588 de 2019 Corte Constitucional de Colombia  

La ha indicado lo siguiente: "Reparación de las víctimas. Se compone de 84 artículos integrados en 11 capítulos a saber: Disposiciones generales -arts. 69 y 70-; Disposiciones generales de restitución -art. 71-; Restitución de tierras -arts. 72 al 122- en el que se regula el régimen sustantivo de la restitución, el procedimiento aplicable, el modo de protección de los terceros, la creación y funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y la protección de las mujeres en los procesos de restitución; Restitución de vivienda -arts. 123 al 127-; Créditos y pasivos -arts. 128 y 129-; Formación, generación de empleo y carrera administrativa -arts. 130 y 131-; Indemnización por vía administrativa -arts. 132 al 138; Medidas de satisfacción -arts. 139 al 148-; Garantías de No Repetición -arts. 149 al 150-; y Otras medidas de reparación -arts. 151 y 152-.
 

 
2019   Sentencia T-288 de 2019 Corte Constitucional de Colombia  

Aclara la Sala que, por encima del incumplimiento de las condiciones pactadas para la reubicación por parte del accionante, deben realizarse todas las acciones conducentes por parte de las autoridades respectivas tendientes a incorporar a esta persona al Programa de Protección y Asistencia a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el proceso penal de la Fiscalía General de la Nación y la aplicación de medida de protección denominada Protección Física, de conformidad con lo determinado en la Evaluación Técnica de Amenaza, que confirma el riesgo que a causa de las amenazas corre esta persona y su familia, resultando imperiosa la protección al derecho a la vida y a la integridad.
 

 

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