La Corte trasciende en este principio, al revelar un tratamiento diferenciado entre un negocio jurídico civil y uno comercial, existiendo la fuerza o violencia como vicio común, situación desigual que no se encuentra razonable ni proporcional. Primero, por la fuente que nutre la legislación mercantil (conforme al Código Civil), donde lo fáctico a ambos regímenes, es tratado de manera diferente; segundo, porque la afectación de la voluntad a causa del vicio quiebra la autonomía privada, independiente de que los intereses individuales confluyan en el tráfico civil o comercial o que la persona ejerza determinado oficio o profesión, lo cual desvirtúa de plano alguna justificación de la diferencia establecida; tercero, debido al desequilibrio para acceder a la justicia en un área del derecho, en la medida que se reduce la oportunidad de reclamación judicial, más amplia en una codificación, no obstante existir un elemento perturbador común.
 

Para la Corte en aquellos casos en los cuales la voluntad declarada por parte de los contrayentes es diferente a su voluntad real como cuando se finge la celebración de un matrimonio y, al mismo tiempo, las partes han determinado no celebrarlo, es improcedente predicar la causa ilícita del contrato de matrimonio, sino que, en otra dirección no existe la voluntad real de celebrarlo. La causa ilícita se predica de la causa existente y, en este caso, la verdad, es que nunca se pretendió perfeccionar el vínculo matrimonial. No es posible que un contrato nupcial sea celebrado con objeto y causa ilícitos. Tales elementos, prima facie, siempre estarán acordes con el ordenamiento jurídico al ser inmodificables. Ello supone, que cuando dos personas utilizan la figura jurídica del contrato civil de matrimonio y, en realidad lo hacen con un propósito diferente que se mantiene oculto, se debe entender que su consentimiento fue otorgado para celebrar otro tipo de negocio contractual, en el que posiblemente pudo existir objeto y/o causa ilícita.