El principio de estricta legalidad o principio de taxatividad en materia penal, impone una obligación al legislador consistente en establecer de manera precisa e inequívoca aquellos comportamientos penalmente relevantes y, en esa medida, una prohibición de adoptar tipos penales ambiguos o indeterminados. Así las cosas, considerando que la ambigüedad de la expresión legalmente reconocida no solo desconoce el principio de taxatividad sino que, adicionalmente, pone en riesgo el derecho de asociación sindical al hacer posible interpretaciones contrarias al deber de proteger a los miembros de las organizaciones sindicales desde el momento en que estas se han constituido, la Corte declarará inexequible las expresiones demandadas en esa oportunidad.