La Corte indica que existe un cúmulo de instrumentos internacionales, varios integradores del bloque de constitucional (art. 93 C.P.), que imponen deberes a la familia, a la sociedad y al Estado de garantizar el derecho a la educación inherente a todos, en especial frente a menores de edad que tengan alguna clase de discapacidad. De conformidad con el Código de la Infancia y la Adolescencia (L. 1098 de 2006), es deber del Estado garantizar el acceso a la educación idónea y de calidad de los menores de edad, bien sea en instituciones cercanas a su vivienda o mediante la utilización de tecnologías que aseguren su accesibilidad, tanto en entornos urbanos como rurales. La Corte destaca además, que frente al derecho al acceso y permanencia en el sistema educativo de menores de edad en situación de discapacidad, se ha propendido en los últimos años por integrarlos a las aulas regulares de los establecimientos donde se imparte educación para niños que no padecen alguna discapacidad, mecanismo inclusivo con el cual no solo se combate la discriminación, sino que posibilita un efecto pedagógico positivo al interactuar niños de diferente condición intelectiva, generando, bajo una adecuada pedagogía, valores recíprocos de respeto y comprensión.
 

Para ampliar la importancia del entorno familiar en cuanto a la rehabilitación de los niños minusválidos, cabe anotar respecto a la esencia de esta iniciativa legislativa, que por ley natural, la madre es por excelencia, el ser llamado a atender el cuidado personal de los hijos menores o incapaces, lo que hace que la actitud de toda progenitora sea la de velar por sus hijos, pero, además, en estos casos por la excepcional connotación que tienen, la madre del niño incapaz no solo cumple las obligaciones normales de toda mamá, sino que por regla general con abnegación y entrega atiende una obligación permanente de asistencia moral y física del hijo minusválido.
 

Ordena implementar gradualmente la instalación de columpios para niños en situación de discapacidad, en los parques zonales, de bolsillo y vecinales de acuerdo con el número de habitantes de esta población en cada una de las localidades de la Capital.
 

Promueve la educación inclusiva efectiva y el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje desde la primera infancia hasta la educación media en las instituciones públicas y privadas del país, esto, con el fin de garantizarles de manera efectiva el derecho a la educación.
 

Adopta el Protocolo para el fortalecimiento de los mecanismos de identificación y caracterización de niños, niñas y adolescentes -NNA- en situación de discapacidad fuera del sistema educativo en Bogotá, D.C. y que requieran de atención inmediata, en cumplimiento a lo ordenado en la cláusula 4ª de la Sentencia T-437 del 2021, precisando que en atención a la orden del Juez Constitucional se realizaron diferentes mesas de trabajo entre las Secretarías Distritales de Educación, Salud e Integración Social y el ICBF con el propósito de diseñar y concertar los procedimientos y recomendaciones para el favorecimiento en la identificación, acceso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad al sistema educativo, así como de las oportunidades de uso de la oferta dispuesta en la ciudad de Bogotá en el marco de la promoción, restitución y garantía de sus derechos.