El Consejo Nacional de Estupefacientes en cumplimiento de sus funciones y con el objeto de detener el crecimiento constante de cultivos de coca, marihuana y amapola, el consecuente deterioro ambiental de ecosistemas y el detrimento de las condiciones de seguridad, sociales y económicas que presentaban las áreas afectadas por los cultivos estableció como uno de los ejes fundamentales de la política de lucha contra las drogas la erradicación de cultivos ilícitos. Con este propósito, en 1988 el CNE puso en marcha el Macroplan Colombiano frente al problema de las Drogas que autorizó la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato a cargo del Programa de erradicación de cultivos ilícitos -PECIG- como estrategia que permitiera el control y la eliminación de las plantaciones de cultivos de coca y amapola de manera rápida y segura.
 

La Corte cuenta con elementos para concluir provisionalmente que el glifosato es una sustancia tóxica que dependiendo del nivel de exposición puede causar cáncer u otras afectaciones de salud en los municipios donde se utiliza. Así, frente a las distintas alternativas, como la erradicación manual y los programas de sustitución de cultivos, señala que el Gobierno no ha determinado la costo-efectividad de estas distintas medidas. Por este motivo, aduce que es imposible determinar si la aspersión con glifosato, sea aérea o terrestre, es la más adecuada para cumplir el fin propuesto por la actual política de lucha contra las drogas.