Se considera como oferta pública de valores, aquella que se dirija a personas no determinadas o a cien o más personas determinadas, con el fin de suscribir, enajenar o adquirir documentos emitidos en serie o en masa, que otorguen a sus titulares derechos de crédito, de participación y de tradición o representativos de mercancías.
 

Modifica el Decreto 2555 de 2010, en lo relacionado con las reglas de transparencia y homogeneización de la oferta pública de valores de contenido crediticio o mixto. Establece obligaciones para la difusión electrónica de informes de gestión, señalando que el emisor deberá garantizar la autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad de la información incorporada en los informes de gestión que difunda electrónicamente. Igualmente, señala la definición y condición para adelantar la oferta, señalando que podrán emitir papeles comerciales para ser colocados mediante oferta pública, previa autorización de la oferta por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, toda entidad que de conformidad con su régimen legal tenga capacidad para hacerlo, salvo los patrimonios autónomos.
 

Modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la divulgación de información en el mercado de valores a través de medios electrónicos, y dicta otras disposiciones.
 

Adiciona un numeral al artículo 6.15.2.1.2 del Decreto 2555 de 2010 referente a las excepciones a la realización de oferta publica de adquisición con el objetivo de permitir mecanismos transaccionales complementarios, específicamente operaciones de intercambio de acciones entre accionistas con influencia significativa en emisores del mercado de valores colombiano, generando eficiencias operativas en las sociedades participes, facilitando la solución de conflictos en el corto plazo, promoviendo la definición de nuevos esquemas de gobierno corporativo y reactivando la negociación del flotante en el mercado secundario, entre otras.