La Procuraduría Segunda Delgada para la Contratación Estatal sanciona con multa de treinta (30) días de sueldo, equivalente a dos millones doscientos ochenta y ocho mil pesos ($ 2.288.000), a ARGEMIRO FIGUEROA BONILLA en su calidad de Alcalde de Mitú toda vez que no inició las acciones tendientes para exigir el cumplimiento del Contrato 003 de 2001suscrito entre ese ente territorial y la Cooperativa ECOGESTAR LTDA., el cual tenía como objeto la construcción de seis polideportivos en diferentes sitios de ese municipio, por cuanto las obras contratadas se suspendieron sin ninguna justificación, y el municipio no tomó las medidas necesarias para exigir el cumplimiento del negocio jurídico; se precisa también que dicha falta se califica a título de dolo, por cuanto el inculpado en el ejercicio de sus funciones tiene la obligación de conocer y dar aplicación a los principios básicos que regulan la actividad contractual, como son el principio de economía que imponen el deber de hacer todos los estudios necesarios y oportunos que permitan llevar a feliz termino la ejecución del contrato, así como hacer una selección objetiva para lo cual debe analizar y comparar varios factores de escogencia, como son experiencia, plazo, equipos entre otros.
 

La supervisión del contrato No. 262 de 2017, será ejercida por el Subdirector de Emprendimiento y Negocios y por el Subdirector de Estudios Estratégicos,aclarando que la supervisión de los contratos o convenios cualesquiera sean éstos, recae sobre el cargo y no sobre la persona que ocupa el cargo, es decir, si quien ocupa el cargo de subdirector es removido o simplemente renuncia a su ejercicio, quien sea nombrado en reemplazo, deberá asumir las funciones propias del cargo y dentro de ellas la supervisiones de contratos que le sean asignadas en los actos contractuales.
 

La entidad emite concepto sobre la vigilancia y correcta ejecución de los objetos contratados (contratos para el desarrollo de las referidas obras hidráulicas y de energización) de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, en procesos que se rigen por el derecho privado (Ley 1537 de 2012). Se trae a colación el Concepto 75901 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública, donde se analizó la definición de supervisión, concepto en el que se señala que cuando se requieran conocimientos especializados la entidad podrá contratar personal de apoyo para realizar adecuadamente esa supervisión. Así mismo, expone la diferencia con la figura de interventoría, que consiste en el seguimiento técnico que se realiza sobre un contrato por intermedio de una persona natural o jurídica que la entidad contrata. Concluye que la entidad debe analizar si es suficiente la designación de un supervisor o la contratación de una interventoría conforme los riesgos, la complejidad, la extensión o los conocimientos especializados que caracterizan el contrato a vigilar.
 

Dictan recomendaciones para la revisión de la veracidad de la información y documentos de contratistas y/o proveedores para la suscripción de contratos con las entidades y organismos distritales, con base en esto, y teniendo en cuenta la apertura del procedimiento administrativo sancionatorio y terminación del contrato de servicios de consultoría ordenada por la defensoría del pueblo a la unión temporal defensoría s&l-inetum, conformada por inetum españa s.a. sucursal Colombia y sinergy & lowells s.a.s, se considera pertinente formular el siguiente análisis a efectos de la adopción de buenas prácticas en las decisiones correspondientes para la adecuada gestión contractual por parte de las entidades y organismos distritales.
 

Conceptúa frente a la figura jurídica de la supervisión contractual con el fin de vigilar permanentemente la correcta ejecución de los objetos contratados para buscar la protección de la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual.
 

Reitera que son funciones de la supervisión y la interventoría, entre otras: revisar que el expediente electrónico o físico esté completo y cumpla con la normatividad vigente, así como revisar que la entidad cumpla con las obligaciones derivadas del principio de publicidad en los procesos de contratación.
 

Adopta la versión 1 del Manual de supervisión e interventoría de Canal Capital, el cual contiene el conjunto de lineamientos, trámites, formalidades y principios que deben aplicarse a los procesos de supervisión e interventoría, facilitando la ejecución de esta labor, dando claridad sobre las acciones a seguir en cada caso determinado, con óptimo aprovechamiento de tiempo, medios y costos; la aplicación del autocontrol y el seguimiento y control de los organismos y dependencias competentes.
 

Orienta a los supervisores y sus apoyos en las herramientas legales y las opciones disponibles ante escenarios de posibles incumplimientos de un contratista y cómo estas facultades son aplicadas para mantener la integridad de los contratos. Igualmente, establece la aplicación de sanciones legales y contractuales de los contratos celebrados por TRANSMILENIO S.A. e imparte instrucciones y lineamientos para las solicitudes de inicio de presunto incumplimiento por parte de supervisores y/o interventores.