Fija criterios para garantizar el respeto y especial protección a la población Lesbiana, Gay, Transexual y Bisexual (LGTB) en el marco de la política de direccionamiento policial basado en el humanismo.
 

La comunidad transgénero forma parte de un grupo social históricamente sometido a patrones de valoración cultural negativos, sus integrantes han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos y su situación socio económica evidencia de manera nítida las circunstancias de desprotección y segregación que padecen. Dentro del sector LGBT es justamente la población transgénero la que afronta mayores obstáculos para el reconocimiento de su identidad y el goce efectivo de sus derechos, y constituyen las víctimas más vulnerables y sistemáticas de la comunidad LGBT.
 

Establecer un trato diferente entre las parejas heterosexuales y aquellas del mismo sexo, en el sentido de que mientras las primeras pueden conformar una familia, sea por una unión marital de hecho o un matrimonio civil, en tanto que las segundas pueden hacerlo únicamente por medio de la primera opción, configura una categoría sospechosa (fundada en la orientación sexual), que no lograr superar un test estricto de igualdad, como quiera que no persigue ninguna finalidad constitucionalmente admisible. No existe una razón constitucionalmente admisible para que el Estado niegue este derecho a unas personas, basándose en su orientación sexual, pues ello atentaría contra el conjunto de garantías de dignidad humana, libertad e igualdad que irradia el ordenamiento, como cláusulas de erradicación de todas las injusticias.
 

Relaciona las principales sentencias de la Corte Constitucional y Tribunales durante los años 2019 y 2020 que tratan temáticas y derechos relacionados con las personas de los sectores LGBTI, y que contribuyen al reconocimiento y exigibilidad de los mismos. Como parte de ese avance jurisprudencial la Corte Constitucional ha establecido que la población de los sectores LGBTI es sujeta de una especial protección, debido a que históricamente ha sido discriminada, requiriendo de un compromiso colectivo (ciudadanía y autoridades públicas) para eliminar las condiciones de discriminación por razón de la orientación sexual o identidad de género.
 

Profiere Proyecto de Ley PL122 de 2024: "Por el cual se expide la Ley Integral de Identidad de Género.
 

Busca garantizar la Política Pública LGBTI en la localidad de Santa Fe mediante la institucionalización del festival "Di No a la Discriminación" como un evento de interés cultural, social y pedagógico. Establece la obligación de la Alcaldía Local de gestionar la sostenibilidad del festival, promover el enfoque diferencial en los proyectos de inversión y articularse con la Mesa Local LGBTI para transformar los imaginarios de discriminación y violencia en el territorio. El acuerdo exige transparencia mediante un informe anual de rendición de cuentas ante la Junta Administradora Local sobre el impacto y los avances de estas acciones afirmativas.
 

Establece los lineamientos generales para el uso de la plataforma VOTEC en la elección del Consejo Consultivo Distrital LGBT para el periodo 2026-2028. La elección se realizará de manera virtual a través de VOTEC, un sistema de votación electrónica ciudadana diseñado por el IDPAC.
 

Corrige unos yerros en la Ley 2447 de 2025 "por medio del cual se eliminan todas las formas de uniones tempranas en las cuales uno o ambos contrayentes o compañeros permanentes sean menores de 18 años y se fortalece la política pública nacional de infancia y adolescencia mediante la creación del programa nacional de proyectos de vida para niños, niñas y adolescentes"