La Corte ha sostenido que la selección de los bienes jurídicos que merecen ser amparados penalmente, al igual que la determinación de la pena a imponer por la realización de una conducta delictiva, hace parte de un conjunto de valoraciones que debe realizar el legislador, en el marco de una determinada política criminal, teniendo como límites los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Ha estimado asimismo la Corte que el legislador, al momento de ejercer su margen de configuración normativa en materia de tipificación de delitos, debe ponderar las finalidades de prevención y sanción del delito, con el respecto por los derechos fundamentales, en especial, la libertad individual y el derecho al debido proceso.