Esta Corporación en diferentes fallos precedentes efectuó un análisis sobre la confluencia de la información que reposa en decisiones judiciales, en particular, los fallos en materia penal, considerados como públicos y su tratamiento en bases de datos. En su análisis, la Corte precisó que los antecedentes judiciales son en principio, información de carácter público. Así, está constitucionalmente permitido conocer información personal relacionada, entre otras, con el tipo y las razones de la responsabilidad penal, las circunstancias sustanciales y procesales de dicha responsabilidad y el monto de la pena.
 

La Sala constata que el Legislador previó que el juez penal puede imponer el deber de reserva a los asistentes a las audiencias del juicio penal o limitar, total o parcialmente, el acceso del público o de la prensa a dichos procedimientos. Asimismo, supeditó el ejercicio de dicha facultad a dos condiciones: (i) que se adoptada mediante auto motivado y (ii) que tenga como fundamento la protección de los intereses de la justicia y, en especial, la imparcialidad del juez