Corresponde al Estado establecer las condiciones de accesibilidad a la educación para las personas mayores de edad, por medio de la elaboración de planes de estudio y sistemas idóneos para alumnos de todas las edades. El Decreto 3011 de 1997 reglamentó la educación para adultos y en su artículo 2 la definió como el conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para atender de manera particular las necesidades y potencialidades (i) de las personas que por diversas circunstancias no cursaron los niveles o grados del servicio público educativo durante las edades aceptadas regularmente para cursarlos, o (ii) de aquellas que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y profesionales. Así, la obligación estatal de proveer educación para adultos se materializa en la creación de un sistema especial que consulte los intereses de un grupo poblacional específico, con el fin de que la edad o circunstancias particulares no les impidan recibir la educación que no fue impartida durante su infancia y adolescencia. En este orden de ideas, la educación para adultos también consulta el contenido de adaptabilidad y responde a la realidad de los adultos como personas que se encuentran activas en el trabajo y que, en razón a su actividad, requieren de una flexibilidad especial que posibilite el acceso al sistema educativo.