Adopta el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas de conformidad con lo establecido en los artículos 194 de la Ley 1448, 285 del Decreto 4800 de 2011 y demás normas concordantes. Tiene por objeto generar el marco en el cual se garantice la participación efectiva de las víctimas en la planeación, ejecución y control de las políticas públicas, dentro del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, del artículo 159 de la Ley 1448 de 2011. Así, como garantizar a las víctimas su intervención real y efectiva en los espacios de participación ciudadana local, regional y nacional.
 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá concertar los protocolos de participación étnicos de los mencionados grupos, con sus organizaciones tradicionales representativas, y en el marco de los decretos de ley étnicos:4633 de 2011, de víctimas de pueblos indígenas; 4635 de 2011, de pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, y 4634 de 2011, de pueblos Rrom o Gitanos; en materia de participación Rrom se atenderá lo dispuesto en la Resolución número 0680 de 2015, siendo asi las Mesas Departamentales se integrarán por cupos a proveer, de tal manera que, sólo se elegirán los representantes que se postulen por cada hecho victimizante y por cada enfoque diferencial. En caso de no existir postulación por hecho victimizante o enfoque diferencial, o no cumplir los requisitos para ejercer dicha representación, el puesto quedará vacío. En ningún caso, una Mesa Departamental podrá superar los 30 miembros.
 

Adopta el Protocolo Distrital de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado para Bogotá, con el objeto de desarrollar su derecho a informarse, intervenir, presentar observaciones, recibir retroalimentación y coadyuvar de manera voluntaria en el diseño de los instrumentos de implementación, seguimiento y evaluación de las disposiciones previstas en la Ley 1448 de 2011.
 

Lineamientos para asistencia transitoria a las Mesas Departamentales en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno nacional ocasionada por el COVID-19.
 

Reglamenta la elección y participación la Mesa de Enfoque Diferencial de Personas pertenecientes a Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras Víctimas del Conflicto Armado en Bogotá, D.C.
 

La Corte considera que las resoluciones de la Unidad de Atención y Reparación Integral de Victimas -UARIV- vulneraron el derecho al debido proceso de tres accionantes como consecuencia de que no se contemplaron los de favorabilidad, buena fe, pro personae y prevalencia del derecho sustancial, ni tampoco se tuvo en cuenta el contexto en el cual acontecieron los hechos a estudio, así como por falta de motivación de los actos administrativos.
 

Adiciona un parágrafo al artículo 2.2.5.1.16 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, estableciendo que las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez actuarán como peritos dentro del proceso de determinación de pérdida de la capacidad laboral de las víctimas del conflicto armado, así mismo señala que el dictamen de pérdida de capacidad laboral que se expida únicamente tendrán validez para efectos de los trámites de la Prestación Humanitaria para Víctimas del Conflicto Armado Interno de una pensión mínima legal vigente.