La Corte Constitucional sostiene que en coherencia con el principio establecido por el artículo 1º de la Constitución, el artículo 19, también de la Constitución, consagra la libertad de cultos como derecho fundamental protegido en nuestro ordenamiento jurídico, de cuyo contenido se deriva una garantía cierta y determinada para las personas y, en consecuencia, un deber correlativo de parte del Estado relacionado con la amplitud y profundidad que las acciones que afecten la libertad religiosa, pues en desarrollo de sus funciones no cabe la promoción, patrocinio o incentivo religioso, que implicaría un favorecimiento contrario al papel que debe jugar la actividad pública respecto de las confesiones religiosas. Una garantía esencial de la libertad religiosa será la laicidad estatal, adquiriendo esta última el carácter de elemento esencial dentro del Estado democrático en cuanto componente axial en el proceso de concreción de principios como el pluralismo ideológico y religioso, base conceptual de la tolerancia inclusiva que se predica en toda democracia sustancial.
 

Créese en Bogotá Distrito Capital la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia para el periodo 2018  2028, cuyo propósito principal es: Fomentar el respeto por la libertad e igualdad religiosa, de culto y conciencia desde la promoción y apropiación social e institucional de una cultura que reconozca plenamente estos derechos, con el fin de convertir al Distrito Capital en una ciudad que previene y reduce su vulneración o amenaza y que afianza la pluralidad religiosa expresada material y simbólicamente en el territorio.
 

Se adiciona al Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, el Capítulo 4° denominado "Política Pública Integral Religiosa y de Cultos" cuyo objetivo general consiste en brindar garantías para el ejercicio del derecho de libertad religiosa y de cultos en Colombia.
 

Crea el Comité Local de Libertad Religiosa de Barrios Unidos.
 

mite pronunciamiento con el propósito de evidenciar la falta de conformidad constitucional de la actuación de la Vicepresidenta de la República en el desconocimiento del principio de laicidad y derechos fundamentales de libertad religiosa y de cultos y a la libertad de conciencia, al promover, adherir o identificar al Estado con una religión en particular y que se demuestre que el mensaje tiene un carácter oficial.
 

Acata la orden impartida en el numeral cuarto de la Sentencia de Tutela 124 de 2021 de la Corte Constitucional y por consiguiente capacita a los funcionarios del Gobierno Nacional sobre el adecuado manejo y uso de redes sociales como servidores públicos, específicamente en relación a la expresión de sus creencias religiosas.