Confirma en todas sus partes la Sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Armenia (Quindío) el tres de agosto de 1995, que tutela los derechos del señor Mario Sánchez Escobar, de su esposa y de sus dos hijas menores de edad
 

Un plantel educativo viola los derechos de toda niña, niño y adolescente cuando interpone barreras y obstáculos desproporcionados e irrazonables a la continuidad y permanencia de su proceso educativo, necesario para garantizar su desarrollo armónico e integral, como forma de presión para garantizar el pago efectivo de una deuda. Tal vulneración al derecho a la educación se intensifica cuando existe una norma que prohíbe a la institución cobrar la prestación respectiva, tal y como ocurre con los pagos dirigidos a las asociaciones de padres de familia.
 

La Corte Constitucional indica que la controversia en torno a la custodia del menor resalta la importancia del entorno familiar en su desarrollo integral. La decisión de asignar su custodia a un entorno distinto al proporcionado por su madre, sin evaluar adecuadamente las condiciones y la estabilidad que dicha madre puede ofrecerle, plantea serias preguntas sobre el respeto a su derecho a tener una familia. La Corte, al analizar el caso, entiende que el bienestar del menor debería ser la principal preocupación, y que es fundamental buscar soluciones que preserven los vínculos familiares, siempre que sea posible, sin sacrificar el interés superior del niño. Este principio subraya que el acto de separación de un niño de su madre no debe ser tomado a la ligera y que debe estar respaldado por pruebas sólidas y razones justificadas, las cuales en este caso no se habrían presentado de forma satisfactoria
 

La Corte Constitucional reafirma que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de protección constitucional reforzada, en virtud del artículo 44 de la Constitución Política, que establece la prevalencia de sus derechos sobre los de los demás. Esta condición les confiere un lugar primordial en el ordenamiento jurídico y exige una atención especial por parte de la familia, la sociedad y el Estado. En la misma medida, reitera su protección constitucional reforzada y la obligatoriedad de aplicar el principio pro infans como criterio hermenéutico en los procesos judiciales. Asimismo, recalca el deber de las autoridades judiciales de aplicar la perspectiva de género en todos los casos de violencia contra las mujeres, rechazando la justificación, minimización o naturalización de los actos de violencia sexual y condenando la ineficacia judicial que conduce a la impunidad.