Reglamenta la actuación especial de fiscalización en la Contraloría General de la República, que consiste en una acción de vigilancia y control fiscal breve, en el que un equipo de trabajo interdisciplinario aborda la investigación de un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría General de la República, por cualquier medio de información o denuncia ciudadana, y que adquiere connotación fiscal por su posible afectación al patrimonio público. Son competentes para realizar la actuación especial de fiscalización el Despacho de Contralor General de la República, el Despacho del Vicecontralor General de la República, las Contralorías Delegadas, y los funcionarios asignados para el efecto.
 

Adopta y reglamenta la estrategia de control fiscal participativo denominada "Compromiso Colombia", consistente en establecer un mecanismo de facilitación de acciones entre las entidades públicas, las entidades públicas, los contratistas y la ciudad organizada, que contribuyan a la ejecución de proyectos de interés nacional, regional o local.
 

Reglamenta la rendición de información por parte de las entidades o particulares que manejen fondos o bienes públicos, en todos sus niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos para el seguimiento y el control de las finanzas y contabilidad pública, y para ello, podrá solicitar información para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal.
 

Reglamenta las competencias en la Controlaría General de la República para adelantar el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal dentro del marco establecido en la Constitución Política y la ley.
 

Establece que la Contraloría General de la República podrá ejercer vigilancia de la gestión fiscal a los sujetos u objetos de control de las Contralorías Territoriales, de manera permanente o transitoria, integral o selectiva en los términos que defina el Contralor General de la República.
 

Determina los criterios, procedimientos y metodologías aplicables a las acciones conjuntas y coordinadas entre la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales, como mecanismo previsto por el legislador para optimizar la eficiencia y eficacia de la vigilancia y control fiscal generando sinergias entre los órganos que lo ejercen
 

Establece la versión aplicable de la metodología para la certificación anual de gestión y las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías territoriales, y en adelante, será aplicable la Metodología para la Certificación Anual de Gestión y las Evaluaciones Parciales Trimestrales de las Contralorías Territoriales en su versión 4.0.
 

Adóptese la Versión 1 del Procedimiento para la búsqueda de información patrimonial y/o de ubicación de direcciones de personas, a nivel nacional, requerida en el ejercicio de la Vigilancia y el Control Fiscal, Gestión Pre procesal, Gestión procesal, Gestión de Cobro Coactivo y en la Intervención como Parte Civil, o en calidad de Víctima en Procesos Penales, el cual hace parte integral de la presente resolución.
 

Establece y sectoriza los sujetos de control fiscal y asigna la competencia en las Contralorías Delegadas Sectoriales, para ejercer la vigilancia y el control fiscal de las entidades y los particulares que manejan fondos o bienes sujetos al control fiscal de la Contraloría General de la República.
 

Actualiza la sectorización de los sujetos de control fiscal y asigna la competencia en las Contralorías Delegadas Sectoriales, para ejercer la vigilancia y el control fiscal de las entidades y los particulares que manejan fondos o bienes sujetos al control fiscal de la Contraloría General de la República.
 

Actualiza y sectoriza los sujetos de control fiscal y asignar la competencia en las Contralorías Delegadas Sectoriales, para ejercer la vigilancia y el control fiscal de las entidades y los particulares que manejan fondos o bienes sujetos al control fiscal de la Contraloría General de la República.
 

Sectorizar los sujetos de control fiscal y asignar la competencia en las Contralorías Delegadas Sectoriales, para ejercer la vigilancia y el control fiscal de las entidades y los particulares que manejan fondos o bienes sujetos al control fiscal de la Contraloría General de la República.
 

Reglamenta los parámetros y criterios para la elaboración, reporte, seguimiento y evaluación de los Planes de Mejoramiento que presentan las Contralorías Territoriales del país; la Contraloría General de la República (CGR); el Fondo de Bienestar Social de la CGR y los Fondos de Bienestar Social de las Contralorías Territoriales a la Auditoría General de la República, derivados de la vigilancia y control que adelanta este último organismo sobre la gestión fiscal.
 

Estarse a lo resuelto en la sentencia C-438 de 2022, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del artículo 37 de la Ley 2195 de 2022, toda vez que la Sala Plena consideró que se configuró la cosa juzgada absoluta en el asunto sub examine. Esto, porque, en dicha sentencia, la Corte declaró inexequible el artículo 37 de la Ley 2195 de 2022, del cual formaba parte la expresión sin ser gestores fiscales, demandada en el presente asunto; precisando que en dicha sentencia el artículo 37 censurado desconoce los postulados constitucionales, puesto que desborda la competencia atribuida a la Contraloría General de la República, como también, a las contralorías territoriales, en los artículos 267, 268 y 272 de la Constitución.
 

Actualiza la sectorización de los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República, y asignar la competencia a las Contralorías Delegadas Sectoriales para ejercer la vigilancia y el control fiscal respecto a las entidades y a los particulares que manejan fondos o bienes públicos.