La Corte ha recordado que sobre la procedencia de la acción de tutela en relación al acceso a tratamientos de fertilidad, debe tenerse en cuenta que, si bien la Superintendencia Nacional de Salud, se encuentra facultada para dirimir algunas de las controversias suscitadas entre las entidades promotoras de salud y sus afiliados, esta Corporación ha considerado que el uso de este mecanismo, es principal y prevalente a menos de que se esté frente a la inminente consumación de un perjuicio irremediable, o cuando en la práctica y en un caso concreto, las competencias judiciales de la Superintendencia resulten ineficaces para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca, pues entonces, la acción de tutela resultaría siendo procedente.
 

La Corte aclara que el Procedimiento de Recanalización Tubárica busca restaurar la funcionalidad biológica natural y no es una técnica de reproducción asistida (como la fecundación in vitro) . Establece que, cuando se busca recuperar la fertilidad, no es exigible una orden médica como requisito habilitante de la decisión reproductiva. El rol médico debe ser instrumental (informar riesgos) y no decisorio. Se identifica como una medida menos costosa y más efectiva para mujeres jóvenes en comparación con otras alternativas tecnológicas.