Informa que ninguna entidad estatal puede bajo el argumento de la reserva legal, negarse a entregar información requerida por la Contraloría de Bogotá, D.C., para el ejercicio del control fiscal acorde a lo dispuesto en las normas, pero es necesario aclarar que, en caso de recibir datos que estén protegidos bajo esa figura jurídica, los funcionarios receptores son responsables de salvaguardar los derechos fundamentales a la intimidad y habeas data de las personas que figuren en las bases de datos solicitadas.
 

Emite concepto sobre si la dirección sectorial de la Contraloría de Bogotá D.C., es competente o no para evaluar la eficacia y efectividad de las acciones establecidas por la Contraloría General de la República para sujetos de control asignados a ésta, en el sentido de que una vez ésta levanta hallazgos administrativos o de cualquier índole que generan acciones que deben incluirse en el plan de mejoramiento de la entidad vigilada, en principio dicho organismo de control es el competente para realizar el correspondiente seguimiento, salvo que específicamente delegue a la contraloría territorial la realización de dicha actuación devolviéndole la competencia para calificar las referidas acciones, incluyendo por supuesto el cierre de las mismas.
 

Emite concepto jurídico relacionado con la interpretación y aplicación del contenido del parágrafo del artículo 20 del Decreto Ley 403 de 2020, relacionado con el seguimiento de los planes de mejoramiento derivados de la intervención funcional oficiosa que realizará la Contraloría General de la República, en el sentido que dichas intervenciones funcionales son de carácter particular, es decir versan sobre ejercicios de vigilancia y control fiscal concretos y previamente definidos, de forma tal que no releva la competencia de la Contraloría de Bogotá D.C. respecto de sus sujetos de control, sino solo respecto del tema específico que como objeto de intervención este conociendo, por lo que la competencia de ésta es discrecional, es decir, puede ser ejercida o no, de conformidad con los artículos 3 y 18 del Decreto 403 de 2020, en el que prevalece la vigilancia y el control fiscal ejercido por la Contraloría General de la Nación sobre la de las contralorías territoriales, bajo las figuras consagradas en los artículos 18 y 22 de la citada norma.
 

La Contraloría de Bogotá, D.C., le corresponde tener una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que incluya estrategias antitrámites, identificando las cadenas de trámites en las cuales participa, haciendo uso de los servicios ciudadanos digitales.
 

Indica que teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, el contrato estatal únicamente produce efectos jurídicos cuando es elevado a escrito, motivo por el cual dicha formalidad es un requisito de validez del mismo.
 

Auditoría de Regularidad- contratos Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
 

Conceptúa sobre la Judicatura como requisito para acceder al título de abogado.
 

Precisa que la Oficina Asesora Jurídica no es competente para resolver solicitud sobre el alcance de los Decretos Distritales 323 de 2016 y 430 de 2018 y funciones propias de la Dirección Gestión Jurídica e indica que se remite dicha solicitud ante SIPROJ WEB de la Secretaría Jurídica Distrital.
 

Concepto jurídico sobre las facultades, régimen y competencia de la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
 

La Contraloría de Bogotá en principio, no es destinataria del Decreto Distrital 847 de 2019, no significa que eventualmente y si a bien lo tiene, acoja algunos lineamientos contemplados en la referida normatividad, siempre que lo considere conveniente y aplicable para el desarrollo de su misionalidad.
 

Concepto sobre si la Contraloría de Bogotá D.C., no hace parte de la Rama Ejecutiva del orden territorial, sino que hace parte de los órganos de control del Distrito Capital, razón por la cual, no es destinataria de los requisitos exigidos por el Decreto 989 de 2020, siendo únicamente aplicable el inciso segundo del citado artículo 149 del Decreto Ley 403 de 2020 y su propio manual de funciones.
 

Profiere concepto sobre la diferencia y distinción sobre la acción fiscal y la acción de repetición, precisando que n los casos en que se evidencia el pago de una condena judicial en contra del Estado, la vía procesal para recuperar dichas sumas de dinero, es el medio de control de repetición (acción de repetición), con la correspondiente intervención del Comité de Conciliación de la entidad afectada, situación que excluye de plano la procedencia del proceso de responsabilidad fiscal, hecho que desplaza la competencia de este ente de control en relación con el ejercicio de la acción fiscal.