Reglamenta el funcionamiento de la Comisión Asesora Distrital de Política Criminal y Tratamiento Carcelario.
 

Adopta el reglamento interno de la Comisión Asesora Distrital de Política Criminal y Tratamiento Carcelario estableciendo que esta Comisión es un organismo colegiado asesor del Gobierno Distrital, sin personería jurídica, cuyo objeto es recomendar el diseño, evaluación e implementación de la política criminal y el tratamiento carcelario en el distrito capital
 

Determina los requisitos y criterios de escogencia de los invitados permanentes ad honorem, que concurren en calidad de representantes de los usuarios de la justicia penal, de la rama judicial en su especialidad penal y del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, así como de la designación de los invitados expertos permanentes que, en nombre de la sociedad civil, instituciones académicas u otros sectores puedan integrar la Comisión Asesora Distrital de Política Criminal y Tratamiento Carcelario en razón a sus conocimientos especializados, reconocimiento o experiencia en el campo de la política criminal o carcelaria.
 

Compila todos aquellos actos administrativos relacionados con la Comisión Distrital de Política Criminal y Tratamiento Carcelario en el distrito capital
 

Delega funciones a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia como representante de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ante la Comisión Asesora Distrital de Política Criminal y Tratamiento Carcelario.
 

Corresponde a la Comisión Asesora Distrital de Política Criminal y Tratamiento Carcelario, analizar y formular comentarios técnicos a los proyectos de acuerdo distritales de impacto para la política criminal y carcelaria del distrito capital, sugerir a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia la formulación de comentarios técnicos a los Proyectos de Ley o de Acto Legislativo que se estén tramitando en el Congreso de la República, también podrá sugerir a la administración distrital la presentación de acciones públicas de inconstitucionalidad o la intervención ante la Corte Constitucional en asuntos relacionados con la política criminal del Estado.