Aclara que la naturaleza de los títulos allegados por la señora Clara Clavijo son de naturaleza ejecutiva, por lo que claramente debe aplicarse el articulo 2536 ya trascrito, es así que sobre tales títulos opera el fenómeno de la prescripción, toda vez que no se ejercieron las acciones tanto ejecutivas, como ordinarias a las que tenía derecho para su cobro, sin embargo debe resaltarse que la misma solo puede ser declarada por un Juez de la República a petición del o la interesada, quien deberá iniciar un proceso judicial para tal fin.
 

La Dirección Jurídica conceptúa que es pertinente realizar acuerdos con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, con la finalidad de realizar contratos de aprendizaje, pero antes se debe revisar y evaluar aspectos presupuestales, así como la necesidad y pertinencia de suplir con aquellos contratos actividades propias de su objeto y misionalidad.
 

Conceptúa sobre las medidas de protección con ocasión de los lineamientos Nacionales y Distritales por el virus COVID-19, tales como, prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio por parte del empleador, Trabajo remoto o trabajo a distancia, entre otras.
 

Establece como hecho cumplido por el reconocimiento del pago de unas sumas de dinero sin que existiera un CDP y CRP previo, es decir, la responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal que ello conlleva, no resulta viable el reconocimiento de esta obligación por parte de la Entidad, teniendo en cuenta que la beneficiaria acreditó el cumplimiento de los requisitos previstos para el reconocimiento de la ayuda de relocalización transitoria para proteger su vida y garantizar su traslado a una solución habitacional digna, es necesario revisar las particularidades del caso concreto para establecer un mecanismo en el marco de los procedimientos de la Dirección de Reasentamientos que le permita a la beneficiaria obtener el pago de los cánones de arrendamiento causados en el año 2020.
 

Conceptúa sobre las alternativas jurídicamente viables para la relocalización de hogares en la ejecución de las obras del Proyecto Plan Terrazas y precisando que ante la eventualidad de gestionar recursos provenientes de programas de cooperación internacional, será necesario determinar la naturaleza jurídica del organismo cooperante, para establecer con precisión el mecanismo de asociación que se ajuste a la normatividad que regula la materia.
 

Manifiesta la necesidad de hacer una valoración administrativa de las competencias de la CVP desde la misión y funciones de la entidad y fijar una posición jurídica respecto de la propuesta, para que la entidad reciba, financie y lleve a buen término los procesos de pertenencia iniciados por las alcaldías locales, como mecanismo legal para que familias de estratos 1 y 2. La Caja de Vivienda Popular, considera en el marco de las funciones establecidas en el Acuerdo 4 de 2008 emitido por el Consejo Directivo de la entidad, que es viable para la Dirección de Urbanizaciones y Titulación, realizar el acompañamiento legal, técnico y social a las familias que han iniciado sus procesos de pertenencia desde las alcaldías locales, en las condiciones allí establecidas.
 

Conceptúa sobre la citación a vecinos para la expedición de actos de reconocimiento y licencias de construcción, y precisa que la CVP que es viable la remisión de dicha comunicación a través de los siguientes medios: (i) correo certificado, (ii) publicación en la pagina web de la entidad, (iii) el envío y entrega a los terceros de la información de manera directa por los profesionales que realizan el acompañamiento a los titulares del trámite, o (iv) cualquier medio idóneo que cuente con un registro que permita verificar su trazabilidad, siempre que se garantice la efectiva publicidad del proyecto y la eventual vinculación de terceros intervinientes, de acuerdo a los términos señalados para la presentación de las objeciones ciudadanas.
 

Conceptúa sobre la corrección de errores de transcripción en los actos administrativos, siendo pertinente aplicar lo consagrado en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, donde se precisa el procedimiento de corrección de errores formales.
 

Conceptúa sobre los saldos de unas incapacidades adeudados a la entidad por las EPS COOMEVA y CRUZ BLANCA, y si los mismos pueden ser saneadas de la contabilidad de la Entidad, lo anterior teniendo en cuenta las actuaciones realizadas a la fecha.
 

La entidad emite concepto jurídico para dilucidar la viabilidad de la depuración de los dineros que por incapacidad se adeudan a la entidad por parte de la EPS Comeva. Se señala que en el caso respectivo hay que tener en cuenta lo dispuesto por la Resolución 5279 del 03 de diciembre de 2020 y su anexo (artículos 14, 16, 18, 20, 21 y 42 ) . Se expone que el exfuncionario manifestó padecimiento de una enfermedad general y que se le reconocieron y pagaron 10 días por concepto de incapacidad. Concluye el concepto, que no se puede hacer la depuración de esos dineros adeudados hasta no haber agotado el procedimiento descrito en la Resolución 5279 de 2020, logrando el título valor idóneo que permita el cobro de tal acreencia.
 

La entidad emite concepto jurídico sobre la Resolución 4400 de 2016 en especial el artículo 5, teniendo en cuenta que el ordenador del gasto, actuando como supervisor es el mismo que está sancionando e interponiendo multas. Se trae a colación que en materia contractual contratación estatal, las inhabilidades e incompatibilidades, deben estar consagradas de manera expresa y clara en estatuto general que rige la función pública, siendo taxativas y su interpretación restrictiva, lo que significa que deben atarse a lo dispuesto por el legislador (Ley 734 de 2002, art.35). Frente al conflicto de intereses cita tres sentencias de la sala de lo contencioso administrativo para concluir que los conflictos de intereses al igual que las inhabilidades e incompatibilidades, deben ser expresos y su interpretación estricta, de tal suerte que no sea posible la aplicación de la analogía en tales casos. Finalmente se expone que de conformidad con el artículo 5 de la Resolución 4400 de 2016, en principio no se evidencia que el servidor público que tienen la función de supervisión contractual, se encuentre incurso en prohibición, inhabilidad o incompatibilidad alguna, a menos que se presente un conflicto de intereses entre su querer privado y su actuar como servidor público. Con respecto al plazo a aplicar frente a la interposición de recursos en el trámite de imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, se señala que dicho trámite se encuentra regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que por ser norma especial prevalece su aplicación.
 

Conceptúa sobre la depuración sobre el gravamen al movimiento financiero 4 x 1000 realizado por la Fiduciaria Bogotá, recomendando la depuración, además de no considerar viable la apertura de investigación disciplinaria en contra del o los funcionarios que estuvieron a cargo de los pagos, al no evidenciarse la constitución de los elementos que configuran una responsabilidad disciplinaria.
 

Solicita el análisis jurídico de las condiciones para el uso permanente del manual de evaluación y reforzamiento sísmico para reducción de vulnerabilidad de viviendas de Build Change por parte de la Caja de la Vivienda Popular y la revisión de la propuesta de certificación emitida por la organización Build ChangeNo es indispensable una relación contractual vigente para el uso del Manual de Evaluación y Reforzamiento Sísmico para reducción de vulnerabilidad de Viviendas de Build Change, pero para el uso de las herramientas tecnológicas de la Organización y adaptadas para el programa de mejoramiento de vivienda en el marco del contrato se requiere adquirir las licencias respectivas.
 

La entidad emite concepto sobre la vigilancia y correcta ejecución de los objetos contratados (contratos para el desarrollo de las referidas obras hidráulicas y de energización) de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, en procesos que se rigen por el derecho privado (Ley 1537 de 2012). Se trae a colación el Concepto 75901 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública, donde se analizó la definición de supervisión, concepto en el que se señala que cuando se requieran conocimientos especializados la entidad podrá contratar personal de apoyo para realizar adecuadamente esa supervisión. Así mismo, expone la diferencia con la figura de interventoría, que consiste en el seguimiento técnico que se realiza sobre un contrato por intermedio de una persona natural o jurídica que la entidad contrata. Concluye que la entidad debe analizar si es suficiente la designación de un supervisor o la contratación de una interventoría conforme los riesgos, la complejidad, la extensión o los conocimientos especializados que caracterizan el contrato a vigilar.
 

La entidad se pronuncia sobre la viabilidad de liberación de saldos del Contrato de Consultoría. La Caja de Vivienda Popular explica que en el caso propuesto hay que tener en cuenta que se perdió la competencia para liquidar el contrato con ocasión a la interposición de una demanda administrativa (medio de control de controversia contractuales), lo cual implica que la liquidación se hará judicialmente. Señala que se pierde competencia para liquidar el contrato estatal transcurridos los 30 meses que suman los términos indicados en la norma (art.11, Ley 1150 de 2007) y a su vez también se constituye la caducidad del medio de control de controversias contractuales. Y concluye que que si es procedente iniciar el trámite de liberación de saldos teniendo en cuenta que la liquidación se encuentra sujeta a un pronunciamiento judicial y por tanto, lo que se derive de tal decisión judicial deberá reconocerse conforme el procedimiento de pago de sentencias judiciales existente en la Entidad.
 

Solicita a la Caja de Vivienda Popular, concepto jurídico para el balance y reconocimiento de recursos en etapa de liquidación contractual a causa de eventos de fuerza mayor y caso fortuito del proyecto Arboleda Santa Teresitaes, la cual responde, que es posible que se reconozca un mayor valor al pactado inicialmente en el contrato al momento de liquidarlo, siempre que se demuestre por parte del contratista no únicamente el hecho imprevisible, sino además se pruebe que los gastos adicionales en los que tuvo que incurrir constituyendo un desequilibrio contractual.
 

La entidad resuelve un concepto que va dirigido a dirimir el conflicto de fecha de pago mensual en los contratos de prestación de servicios que no inician el primer día de un mes. Aclara que la norma rectora en contratación (Ley 80 de 1993) indica que en los contratos se deben aplicar las normas civiles y comerciales, por ende el concepto manifiesta que es oportuno aplicar o tener en cuenta lo dispuesto en las siguientes normas: el artículo 67 del Código Civil o el artículo 829 del Código de Comercio, y el artículo 59 de la Ley 4 de 1913, en armonía la autonomía de la voluntad contractual. En consecuencia, la forma de pago se debe ajustar a lo acordado en el contrato, presupuestalmente y atendiendo el cierre financiero del contrato, los meses que se estipulan como plazo de ejecución del contrato son contados como de 30 días, no obstante, independiente del plazo, pone de presente que se debe tener especial cuidado en no dejar recursos pendientes por ejecutar.
 

Solicita concepto sobre la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. La liquidación es un trámite pos contractual previsto para que las partes del contrato puedan declararse a paz y salvo mutuo o, por el contrario, dentro del balance de obligaciones realizado, se identifiquen los pendientes y se dejen las salvedades del caso.
 

La entidad emite concepto jurídico respecto de la situación administrativa denominada Licencia. Explica que la licencia permite que el empleado público se separe de sus funciones sin romper el vínculo con la entidad; por lo tanto, no podrá desempeñar otro cargo en entidades del Estado, ni celebrar contratos con el Estado, ni participar en actividades que impliquen intervención en política, ni ejercer la profesión de abogado, salvo las excepciones que contemple la Ley. Se conceden por el nominador o su delegado. Pueden ser pueden ser no remuneradas y remuneradas. Y expone las particularidades de cada tipo de licencia. Dentro de las no remuneradas se encuentran 1.la ordinaria (ver art.2.2.5.5, Decreto 1083 de 2015) y 2. la no remunerada para adelantar estudios (ver art.2.2.5.5.6, Decreto 1083 de 2015). Las remuneradas contemplan la 1. maternidad (ver art.2.2.5.5.10, Decreto 1083 de 2015, art.236 Código Sustantivo del Trabajo y el art.121, Decreto Ley 019 de 2012), 2. paternidad ( ver art.2.2.5.5.10, Decreto 1083 de 2015 y el art.2, Ley 2114 de 2021), 3. por enfermedad (ver art.2.2.5.5.11, 2.2.5.5.12 y 2.2.5.5.14, Decreto 1083 de 2015, 4. por luto (ver art.2.2.5.5.15 y 2.2.5.5.16, Decreto 1083 de 2015, Ley 1635 de 2013).
 

Establece que, con el objeto de fortalecer de la gestión de bienes muebles, es importante para la Dirección de Gestión Corporativa y CID, indica qué alternativas se tendrían para dar de baja estos bienes en caso de que el nuevo proceso sea declarado desierto, toda vez que los mismos, pueden ser gestionados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
 

La entidad se pronuncia sobre la manera como la Caja de la Vivienda Popular aplica los intereses moratorios a los créditos hipotecarios y ordinarios. Explica que los intereses de mora se cobran sobre la parte de la cuota vencida que afecta el capital, esto a la luz del artículo 65 de la Ley 45 de 1990. Para los intereses que se cobran en el caso de préstamos de vivienda no se presumen los intereses de mora, en virtud de lo contemplado en el art. 19 de la Ley 546 de 1999, de otra parte, aclara que si se pactaron intereses de mora estos no pueden exceder el máximo legal (1.5 veces el interés remuneratorio). Enfatiza en que los intereses cobrados en los créditos no podrán capitalizarse, lo prohíbe la ley. ( art. 17, Ley 546 de 1999). Así mismo, expone que la entidad no puede incurrir en cobro de intereses de usura. Se señala que los intereses remuneratorios y moratorios cobrados en exceso se pierden como sanción a la usura que es un delito (art.305, Ley 599 de 2000) en armonía con lo dispuesto por el art. 884 del Código de Comercio. Finalmente, concluye la entidad que indistintamente de los sistemas que consagra la ley, o de la Entidad que realice la financiación, en el sistema de financiación de vivienda a largo plazo, sea en pesos o en UVR, se encuentra prohibido expresamente que en la amortización del crédito se contemple la capitalización de intereses, o se impongan sanciones por prepagos totales o parciales.
 

Conceptúa sobre la depuración de incapacidades, respecto de los saldos y diferencias presentados con ocasión de pagos de incapacidades, los cuales se pretende sean saneados mediante el procedimiento de depuración contable.
 

Determina que el Decreto 624 de 2006 no se encuentra vigente como consecuencia de la expedición del Decreto Distrital 555 de 2021 que contiene el Plan de Ordenamiento Territorial actual que derogó expresamente el Decreto 190 de 2004.