El Consejo Superior de la Judicatura estableció que la asistencia de un apoderado nombrado por el disciplinado es una expresión del derecho a la defensa técnica, que no podía ser ignorado por el régimen disciplinario, por cuanto hace parte del debido proceso en este campo y en esa medida la Ley 200 de1995 en su artículo 73 literal (e) le otorga la facultad al disciplinado de nombrar su propio apoderado en caso de considerarlo necesario. Por lo anterior resulta inadmisible que el disciplinado haya realizado la apelación de la sentencia en cuestión con el argumento de no haber recibido una defensa técnica aún cuando desarrolló toda la defensa a titulo personal.
 

La Corte Constitucional resalta las garantías del debido proceso administrativo, entre otros, los derechos a: (i)ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso.