Considera la Sala que resulta razonable la orden de amparo emitida por el a quo, en tanto que, la protección a la estabilidad laboral reforzada de la accionante la prolongó hasta que esta se encuentre incluida en nómina de pensionados y no solamente hasta que cumpla las 1.300 semanas de cotización, puesto que esto, garantiza la materialización de los postulados constitucionales que protegen su condición de prepensionada.
 

La Corte Constitucional sostiene que concede amparo por violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente constitucional. Cualquier decisión proferida por las administradoras de pensiones o por los jueces ordinarios o administrativos laborales que se haya valido de la vigencia de normas preconstitucionales, para negar el restablecimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes por haber contraído nuevas nupcias o hecho nueva vida marital antes del 7 de julio de 1991, no pueden pretender mantener sus efectos jurídicos. En consecuencia, las/los cónyuges y las/los compañeras/os permanentes supérstites quedarán habilitados para reclamar, directamente ante las administradoras de pensiones o ante los jueces constitucionales, la reactivación del pago de sus mesadas pensionales.
 

La Corte insiste que, aunque la pensión de invalidez se rige, en principio, por la norma vigente al momento de la estructuración del riesgo, el principio de la condición más beneficiosa permite aplicar excepcionalmente un régimen anterior más favorable cuando existe una expectativa legítima y una situación de vulnerabilidad acentuada. Además, esta Corporación precisó que, conforme a la sentencia SU-174 de 2025, ya no es admisible acudir al antiguo test de procedencia; en su lugar, el juez debe valorar de manera integral las condiciones del solicitante, con sujeción al principio de libertad probatoria, para determinar si se encuentra en una situación de desprotección debido a que las barreras asociadas a su condición de salud y al entorno limitan la posibilidad de acceder a los recursos necesarios para garantizar una vida en condiciones dignas.