La Corte Constitucional señala que la autoridad agraria (anteriormente Incoder, ahora ANT) ha tenido deficiencias históricas y estructurales en la gestión de los baldíos, incluyendo: 1. Falta de un inventario y registro completo y actualizado: El Estado mismo no tiene una certeza sobre la ubicación y el número exacto de los bienes baldíos. Esto es un obstáculo fundamental para que los ciudadanos conozcan su situación jurídica respecto a la tierra. 2. Incapacidad para clarificar, adjudicar y recuperar baldíos: Los sistemas de información registral son incompletos y desactualizados, lo que hace que los procesos de depuración y formalización sean ineficientes.
 

Establece el reglamento para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), administre los bienes baldíos de la Nación y reserva territorial del Estado, identificados como islas, islotes y cayos de los mares de la Nación, en virtud de ello adopta las modalidades de contratación para apoyar la administración y para otorgar derechos de aprovechamiento y uso sobre los predios objeto de la presente norma.
 

Reglamenta el procedimiento de regularización de la ocupación y aprovechamiento campesino sostenible de los predios baldíos en áreas de reserva forestal de la Ley 2a de 1959 que se encuentren ocupados por sujetos de especial protección constitucional, hombres y mujeres campesinos que no sean propietarios de tierras y que tengan tradición en las labores rurales, que tengan las condiciones para ser sujetos gratuitos o parcialmente gratuitos de ordenamiento social de la propiedad y deriven de la actividad agropecuaria que ejercen sobre las tierras objeto de regularización la mayor parte de sus ingresos conforme las condiciones de ocupación dispuestas en el artículo 1° de este acuerdo.