Reconoce la plena titularidad de la Nación, a través de la administración de la Agencia Nacional de Tierras sobre los predios que sean objeto de los contratos o convenios celebrados en el marco del presente acuerdo.
 

Reglamenta el procedimiento de regularización de la ocupación y aprovechamiento campesino sostenible de los predios baldíos en áreas de reserva forestal de la Ley 2a de 1959 que se encuentren ocupados por sujetos de especial protección constitucional, hombres y mujeres campesinos que no sean propietarios de tierras y que tengan tradición en las labores rurales, que tengan las condiciones para ser sujetos gratuitos o parcialmente gratuitos de ordenamiento social de la propiedad y deriven de la actividad agropecuaria que ejercen sobre las tierras objeto de regularización la mayor parte de sus ingresos conforme las condiciones de ocupación dispuestas en el artículo 1° de este acuerdo.
 

Modifica los artículos 7 y 17 de la Resolución 094 de 2021 eliminando de ellos el término en el marco del derecho privado, por considerarse esta expresión innecesaria en la medida en que no se están regulando formas de acceso a la propiedad, evitando así interpretaciones que contraríen la disposición normativa en su integridad, respecto de los predios para proyectos de vivienda rural nucleada de interés social en los antiguos espacios territoriales de capacitación y normalización, así como de la adjudicación y registro de la vivienda de dichos predios.
 

La Corte Constitucional indica que el artículo 50 de la Ley 2197 de 2022 que aquí se demanda, sustituyó la destinación de los bienes de extinción de dominio al cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1.1.1 del Acuerdo, por su destinación a entidades estatales, entre las que la Agencia Nacional de Tierras (administradora del Fondo de Tierras) queda relegada a un tercer lugar en el orden de prevalencia que la disposición establece, vulneró el principio de progresividad en el cumplimiento del mismo, pues el Estado había adquirido en virtud del Acuerdo Final de Paz un compromiso de destinación de los mencionados predios rurales al Fondo de Tierras. La Corte concluyó, en primer lugar, que excluir de las asignaciones los predios rurales no sociales, conduce a una injustificada obstaculización del mandato constitucional de acceso progresivo a la tierra, así como una modificación regresiva de la
 

Adoptan unos procedimientos internos y se establecen las reglas para la convocatoria, postulación y criterios de priorización para la adjudicación de predios en el marco del programa especial de dotación de tierras a favor de la población campesina para la producción de alimentos, de que trata la Parte 14, Título 6 Capítulo 9 del Decreto número 1071 de 2015.