Adopta la Política Pública y Criminal y el Plan de Acción Permanente para el desmantelamiento de las conductas y organizaciones que trata el Decreto Ley 154 de 2017, incluyendo las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, que atenten contra las personas defensoras de derechos humanos, integrantes de movimientos sociales o movimientos políticos, o que participen en la implementación de los Acuerdos y la construcción de la paz, cuya formulación fue aprobada mediante Acuerdo 001 de 2023 de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
 

Adiciona los capítulos 5 y 6 al Título 2, Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 y se reglamenta los artículos 19 y 20 de la Ley 2294 de 2023, en el sentido de precisar que el objetivo y la estructura del Programa de Reincorporación Integral fue socializado a integrantes del Consejo Nacional de Reincorporación y aprobado por estos en la sesión extraordinaria 147A del CNR de 7 de noviembre de 2023, en la que se explicó la interdependencia que existe entre este y el Sistema Nacional de Reincorporación, siendo el Sistema requisito indispensable para la adecuada implementación de las políticas de reincorporación que se materializan en el Programa de Reincorporación Integral, contribuyendo al acceso de los recursos necesarios y a una oferta institucional clara, concreta y unificada. Adicionalmente, fue socializada en el Encuentro Nacional del Programa de Reincorporación Integral con la participación de Firmantes del Acuerdo Final de Paz, llevado a cabo los días 2 y 3 de noviembre de 2023.
 

Modifica la Ley 1448 de 2011 y dicta otras disposiciones sobre reparación integral, atención y asistencia a las víctimas del conflicto armado interno, para reafirmar los derechos de las víctimas desde un enfoque de exigibilidad como derechos humanos, en procura de garantizar sus condiciones dignas y humanas.
 

Adóptese el Plan Estratégico de Seguridad y Protección que fuera aprobado por la Mesa Técnica de Seguridad y Protección del SISEP en sesión del 2 de noviembre de 2023, cuyo objetivo general es el de garantizar medidas de prevención, seguridad y protección en el marco de la seguridad humana de las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores, dada su situación de riesgo derivada del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias.