La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2293 de 2023, que aprobaba el "Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea". La decisión se fundamentó en el incumplimiento de un requisito formal: el análisis de impacto fiscal exigido por el artículo 7 de la Ley Orgánica 819 de 2003. A pesar de que el Gobierno nacional incluyó un acápite sobre el impacto fiscal en la exposición de motivos, la Corte determinó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no cumplió con sus obligaciones específicas, como rendir concepto sobre la consistencia del análisis con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, analizar y aprobar las fuentes sustitutivas de ingreso, o intervenir en el trámite legislativo para informar sobre el costo fiscal. La Corte reiteró que, dado que el Protocolo extiende beneficios tributarios a Croacia (lo que implica una reducción de ingresos para el Estado), era indispensable un análisis de impacto fiscal. Al tratarse de un proyecto de ley de iniciativa gubernamental radicado después de la Sentencia C-170 de 2021, el Ministerio de Hacienda tenía el deber de presentar un concepto sobre la compatibilidad del acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y las fuentes sustitutivas de ingreso. La omisión de estos deberes constituyó un vicio insubsanable en el proceso legislativo, lo que llevó a la declaratoria de inexequibilidad de la ley. Sin embargo, la Corte aclaró que el Gobierno podrá presentar un nuevo proyecto de ley para aprobar el mismo Protocolo, siempre y cuando se cumplan rigurosamente todos los requisitos de procedimiento, en particular los relacionados con el análisis del impacto fiscal.
 

La Corte Constitucional precisa que, el análisis de impacto fiscal no es un requisito general aplicable a todas las leyes, sino que solo es exigible en aquellas disposiciones que ordenen gasto, otorguen beneficios tributarios o prevean una reducción de ingresos. Según la Ley 819 de 2003, cuando un proyecto de ley de iniciativa gubernamental contempla un gasto adicional o una reducción de ingresos, debe especificar una fuente sustitutiva que compense dicho impacto, la cual debe ser evaluada y aprobada por el MHCP. Este requisito busca garantizar que cualquier iniciativa con impacto presupuestal cuente con un respaldo financiero adecuado y no comprometa la estabilidad económica del país.