La Corte Constitucional ha desarrollado dos criterios fundamentales para diferenciar las órdenes de gasto de las meras autorizaciones: 1. Criterio Gramatical: Se analiza el lenguaje de la norma para determinar si contiene un mandato imperativo o una simple habilitación. Cuando la disposición emplea términos como "se asignará" o "se incluirá en el presupuesto", se considera una orden de gasto. En contraste, si la norma usa expresiones como "se podrá asignar" o "se autoriza", se entiende que no genera una obligación inmediata de gasto, sino que deja la decisión a la discrecionalidad del Ejecutivo. 2. Criterio Funcional: Se examina si la norma establece un mandato claro y ejecutable que no requiere desarrollo normativo adicional para su aplicación. Si la disposición es lo suficientemente concreta para que su cumplimiento sea automático, se trata de una orden de gasto. En cambio, si su implementación depende de regulaciones posteriores o de decisiones discrecionales del Gobierno, se clasifica como una mera autorización. Estos criterios permiten distinguir entre normas que obligan al Estado a comprometer recursos y aquellas que simplemente establecen facultades sin carácter vinculante. La aplicación de estos criterios es fundamental para determinar cuándo es obligatorio realizar un análisis de impacto fiscal.