La Corte Constitucional establece que, se presenta cuando la providencia judicial es emitida por un funcionario que carece de competencia para conocer del asunto. La competencia judicial es una garantía del debido proceso, pues asegura que las decisiones sean adoptadas por jueces debidamente habilitados para ello. Este defecto se materializa cuando un juez asume un caso que no le corresponde, desconociendo la distribución funcional de competencias establecida por la ley. Un ejemplo de este defecto sería cuando un juez de primera instancia decide un asunto que, por su naturaleza, debe ser resuelto en única instancia por una alta corte.