La Corte Constitucional aborda el caso de Lucía Llamas Medina, quien interpuso una acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La señora Llamas demandó originalmente a su sindicato empleador para obtener una pensión de jubilación, el pago de intereses de cesantías y el calzado de labor. Tras una serie de fallos contradictorios en instancias inferiores, la Corte Suprema de Justicia, en sede de casación, revocó la sentencia de primera instancia y absolvió al sindicato de todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Este fallo incluyó la absolución del pago de los intereses de cesantía, a pesar de que este punto no había sido objeto de apelación por parte del sindicato y había sido confirmado a favor de la demandante en la segunda instancia. La Corte Constitucional analizó el caso y determinó que la Corte Suprema de Justicia no incurrió en un defecto fáctico al valorar la prueba de la convención colectiva, ya que su interpretación fue razonable. Sin embargo, sí encontró un defecto procedimental por extralimitación de funciones. La Corte Suprema violó el principio de consonancia, el cual limita su competencia a los puntos expresamente impugnados, al absolver al sindicato de la condena por los intereses de cesantía. En consecuencia, la Corte Constitucional amparó el derecho al debido proceso de la demandante, revocando la parte de la sentencia de la Corte Suprema que la perjudicaba y dejando en firme la condena original de primera instancia referente al pago de los intereses de cesantía y su respectiva sanción.
 

La Corte Constitucional establece que, se configura el Defecto Procedimental absoluto cuando la providencia judicial se expide con un desconocimiento total de las normas procesales esenciales, afectando de manera grave el debido proceso. Este defecto es especialmente relevante cuando el incumplimiento de las reglas procesales impide el ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho de defensa o el derecho al acceso a la justicia. Un ejemplo de ello es cuando un tribunal emite una decisión sin haber notificado debidamente a una de las partes o sin permitirle la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas. La Corte resalta que este defecto no se refiere a cualquier error procedimental, sino a aquellos que alteran sustancialmente el equilibrio procesal y generan una situación de indefensión.
 

La Corte Constitucional identificó que la autoridad judicial incurrió en un defecto procedimental absoluto por no adaptar el trámite al cambio jurisprudencial respecto a las condiciones de las víctimas y su acceso a la administración de justicia. La Corte señala que el Juzgado 4º debió reabrir la fase de alegatos para que las víctimas pudieran explicar las dificultades enfrentadas para acceder al proceso, especialmente en el contexto de su desplazamiento y exilio. La omisión en la readecuación del trámite y en la valoración del cambio de condiciones constituye una vulneración del debido proceso, al haber impuesto una condena en costas y decretado la caducidad sin un análisis completo y adecuado de las circunstancias.
 

La Sala Plena determinó que el Consejo de Estado incurrió en tres defectos específicos al anular la sanción del exalcalde de Miraflores: 1. Violación directa de la Constitución: Por inaplicar las normas superiores que otorgan competencias a la PGN y desconocer la supremacía constitucional. 2. Desconocimiento del precedente: Al apartarse de las sentencias (C-028/06, SU-712/13, C-500/14) que avalaban la potestad sancionatoria del órgano de control. 3. Defecto sustantivo: Por aplicar retroactivamente un estándar internacional ignorando el marco legal vigente al momento de la sanción.