La Corte Constitucional establece que, este defecto sustantivo o material se presenta cuando una decisión judicial se fundamenta en una norma inconstitucional, en una interpretación arbitraria o irrazonable de una norma, o cuando se omite la aplicación de una disposición claramente aplicable al caso. En este escenario, el juez no solo incurre en una aplicación errónea del derecho, sino que, además, desconoce principios constitucionales que rigen la interpretación normativa. La Corte enfatiza que este defecto no se configura por meros desacuerdos interpretativos, sino cuando la interpretación judicial es manifiestamente contraria a la Constitución o afecta gravemente derechos fundamentales.
 

La Corte Constitucional considera no ajustada la decisión que ordenó la reserva de las audiencias preliminares basándose en argumentos relacionados con el riesgo para las víctimas, la protección de la investigación y la seguridad de testigos y funcionarios. La decisión fue fundamentada en que la publicidad podía comprometer la integridad de las víctimas y el éxito del proceso judicial, y en que la reserva se justificaba en las excepciones al principio de publicidad constitucionalmente reconocidas para casos en los que exista un riesgo objetivo y cierto. La reserva se justificó además como medida para garantizar el buen curso de la investigación penal, en un contexto en que los testigos habían recibido amenazas y existía una necesidad de protección. La Corte Constitucional señala que la decisión judicial incurrió en defecto sustantivo por interpretación asistemática en el entendido que no llevó a cabo un análisis de proporcionalidad entre los derechos en tensión, en particular la libertad de prensa y la protección de víctimas y la investigación penal. En instancia no se realizó un análisis que ponderara adecuadamente el interés público en la transparencia de los procesos frente a la necesidad de garantizar la seguridad de los actores en el proceso. La Corte evidencia que la reserva fue decretada sin considerar la existencia de medios menos restrictivos ni un plazo razonable para su mantenimiento, lo que afecta la interpretación de la constitucionalidad de la medida.
 

La Corte Constitucional, tras estudiar los argumentos, concluye que la Sala Plena del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo al declarar la nulidad de un acto para el cual carecía de competencia. Esa decisión implicó una indebida interpretación del ordenamiento jurídico al desconocer la naturaleza jurídica del acto emitido por el Consejo Superior. Tal actuación constituye un defecto sustantivo por interpretación irrazonable y arbitraria de la ley.
 

La Corte Constitucional demuestra cómo la acción de tutela puede ser utilizada para controvertir providencias judiciales que presuntamente vulneran derechos fundamentales, en particular, en asuntos que relacionan la interpretación del derecho penal y la prescripción de la acción penal. La Corte revisa si la decisión que declaró la prescripción atendió correctamente la normativa aplicable y si la autoridad judicial se ajustó a los principios constitucionales de legalidad y debido proceso. La tutela, en este contexto, no busca sustituir la función judicial, sino verificar si hubo un error sustantivo en la interpretación de las normas que puedan afectar derechos constitucionales, en especial, los derechos del procesado y de la víctima.
 

La Corte Constitucional sostiene que la sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional, ya que no tomó en cuenta que la acreencia del accionante, que era en calidad de socio y acreedor, se hallaba dentro de un proceso de reestructuración empresarial según la Ley 550 de 1999. La Corte destaca que la interpretación que hizo la sentencia de casación no respetó los principios de igualdad, universalidad y colectividad, que exigen un tratamiento uniforme y equitativo de todos los acreedores y obligaciones en el marco de una recuperación empresarial, y que estos principios deben ser observados en la definición y ejecución de los procesos de insolvencia y reestructuración.
 

La Corte Constitucional reitera y aplica su concepto de defecto sustantivo como una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Define el defecto sustantivo, de manera general, como aquel que se presenta cuando la autoridad judicial: 1. Emplea una norma inaplicable al caso concreto. 2. Deja de aplicar la norma adecuada. 3. Interpreta una norma de forma contraria a la razonabilidad jurídica. Así las cosas, el defecto sustantivo se configura cuando un juez ignora o aplica de forma incorrecta normas o sus interpretaciones vinculantes (especialmente aquellas con efectos erga omnes o que constituyen cosa juzgada constitucional), afectando así el debido proceso de las partes.
 

La Corte Constitucional precisa que el defecto sustantivo puede presentarse en varias hipótesis y se centra en dos aspectos clave: 1. Uso de una norma inaplicable o interpretación irrazonable: Una providencia judicial incurre en este defecto si se basa en una norma que no es pertinente, ha sido derogada, o aunque esté vigente y sea constitucional, no se adecúa a la situación fáctica aplicada. También se da cuando la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no se encuentra dentro de un margen de interpretación razonable o no se funda en una lectura sistemática del ordenamiento jurídico; 2. Desconocimiento de la interpretación fijada en un control abstracto de constitucionalidad: se configura cuando una autoridad judicial desconoce o se aparta de la interpretación que la propia Corte Constitucional ha fijado sobre una disposición legal en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad.
 

La Corte determina que el Tribunal Administrativo de Casanare no incurrió en defecto sustantivo al declarar la constitucionalidad del referendo, ya que interpretó correctamente que las prohibiciones legales alegadas por los accionantes no aplicaban al referendo derogatorio. Así mismo señala que, la acción de tutela cumplió los requisitos de legitimación por activa y pasiva, inmediatez y subsidiariedad (al ser la providencia de única instancia).
 

La Corte insiste que amparó los derechos al debido proceso e igualdad del Distrito de Santiago de Cali y del municipio de Yopal, al dejar sin efectos dos fallos de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que habían anulado parcialmente sus acuerdos locales sobre el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) aplicable al sector financiero. La Corte determinó que el Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo y violación directa de la Constitución al realizar una interpretación irrazonable y contra legem del artículo 14 de la Ley 2082 de 2021; la autoridad accionada pretendía obligar a todas las ciudades capitales a aplicar estrictamente la tarifa concreta del ICA fijada por el Concejo de Bogotá (14 por mil), desconociendo que la ley las habilita para acoger el rango tarifario legal del Decreto Ley 1421 de 1993 (del 2 al 30 por mil). El Tribunal precisó que condicionar las tarifas locales a la norma reglamentaria de Bogotá suprime la deliberación democrática local, anula el principio de representación popular tributaria y atenta contra los principios constitucionales de autonomía territorial, descentralización fiscal, equidad e igualdad.