La Corte Constitucional establece que, la acción de tutela contra laudos arbitrales solo procede en casos excepcionales, cuando se evidencia una afectación grave de derechos fundamentales. Esto puede ocurrir cuando el tribunal arbitral aplica una norma inconstitucional, cuando su decisión se aparta de manera injustificada de la jurisprudencia constitucional, o cuando el procedimiento arbitral ha desconocido garantías esenciales del debido proceso. La Corte ha enfatizado que la tutela no puede convertirse en una instancia adicional del arbitraje ni en un mecanismo para reabrir debates jurídicos ya resueltos, sino que debe utilizarse únicamente para corregir vulneraciones manifiestas de derechos fundamentales.
 

La Corte ratifica que amparó los derechos al interés superior y al acceso a la administración de justicia de una niña (víctima en un proceso penal por presuntos actos sexuales), al dejar sin efectos los autos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que habían inadmitido el recurso extraordinario de casación de la víctima y rechazado la insistencia de la Procuraduría. La Corte determinó que la autoridad accionada incurrió en el defecto de violación directa de la Constitución, al aplicar de forma rígida y aislada las exigencias técnicas de la casación penal, omitiendo examinar el asunto bajo la perspectiva de género y la garantía del principio pro infans. El Máximo Tribunal aclaró que el enfoque de género y la protección reforzada a la infancia son mandatos constitucionales obligatorios que exigen al juez motivar explícitamente cómo la inadmisión de un recurso es compatible con el interés superior del menor y con la debida diligencia ante violencias basadas en género, por lo que ordenó a la Sala de Casación Penal emitir un nuevo pronunciamiento de admisibilidad incorporando obligatoriamente dichos enfoques.