La Corte constata que la población indígena y afrodescendiente desplazada en entornos urbanos enfrenta discriminación, estigmatización, marginalidad y una acelerada pérdida de sus modos de vida y tradiciones. Las condiciones precarias en los albergues y la falta de atención adecuada contribuyen a la asimilación y la desestructuración de su tejido social y cultural. En sus territorios, la persistencia de la violencia también lleva a la pérdida cultural y el agravamiento de la pobreza. Se identifica un bloqueo institucional por la desarticulación en la respuesta estatal y una práctica inconstitucional al invisibilizar a pueblos indígenas que no fueron taxativamente mencionados en el Auto 004 de 2009, dejándolos en mayor riesgo de extinción.
 

La Corte Constitucional subraya que el cumplimiento de las órdenes requiere una cooperación efectiva entre los diferentes actores estatales y las autoridades tradicionales, con el fin de superar el estado de cosas inconstitucional. La intervención en múltiples ámbitos y la adopción de medidas estructurales demandan recursos humanos, técnicos y presupuestales adicionales, además de un compromiso serio por parte de las instituciones públicas para garantizar los derechos fundamentales de los niños y niñas wayúu en un marco de respeto intercultural y de reconocimiento de sus formas propias de autoridad y organización social.
 

Establece y desarrolla el Sistema Educativo Indígena Propio -SEIP- como política educativa de Estado para garantizar la Educación Indígena Propia y la autonomía educativa, fundamentadas en la cosmovisión, Leyes de Origen, Derecho Mayor, Derecho Propio de cada pueblo indígena y en el marco constitucional, a aplicarse en todo el territorio nacional a los pueblos indígenas, territorios indígenas y otras entidades territoriales con población indígena, indistintamente de su ubicación y situación territorial.
 

Adiciona un Capítulo al Decreto 1081 de 2015, creando el Programa Especial de Armonización Indígena "Caminos para Volver al Origen", el cual busca garantizar acciones diferenciales en el marco de los derechos a la diversidad étnica y cultural, a la igualdad y la no discriminación reconocidos constitucionalmente.
 

La Corte Constitucional reconoce que el cementerio indígena no es simplemente un campo santo, sino un espacio sagrado de encuentro con los ancestros y expresión de su cosmovisión. La afectación de este espacio vulnera profundamente la identidad espiritual de la comunidad, desconociendo su derecho a mantener y desarrollar sus prácticas culturales, religiosas y funerarias.