La Corte Constitucional identifica diversos defectos en las sentencias del Consejo de Estado, como errores en el análisis fáctico, una posible violación del precedente constitucional y errores de carácter sustantivo y procedimental. En particular, las decisiones acusadas no habrían realizado un adecuado examen de la responsabilidad patrimonial, en especial en relación con los requisitos de culpa o dolo, y la aplicación correcta del marco normativo y constitucional. Asimismo, el tribunal señala que la actuación judicial pudo haber incurrido en desconocimiento de los principios rectores de la responsabilidad del Estado, como la proporcionalidad, legalidad, y justicia, lo cual fundamenta la procedencia de la protección constitucional frente a resoluciones que, en su opinión, violan el debido proceso.
 

La Corte Constitucional en el fallo distingue entre causales genéricas como la violación directa de la Constitución o la ausencia de motivación y causales específicas, como el defecto sustantivo, fáctico, orgánico, procedimental, error inducido, desconocimiento del precedente o violación directa de la Constitución. La Corte se concentra particularmente en el posible defecto sustantivo, analizando si la interpretación jurídica dada por el Consejo de Estado al asumir competencia y anular un acto de elección se apartó de manera irrazonable del ordenamiento jurídico, lo que eventualmente conduciría a una transgresión del principio de legalidad y a una indebida intromisión en la autonomía de otro órgano del poder público.
 

La Corte Constitucional, analiza los errores y defectos atribuidos a sentencias de casación, en particular, la omisión de valorar correctamente las pruebas, decisiones sin motivación y el desconocimiento de precedentes en el proceso laborar. La Corte observa que estos errores solo pueden ser identificados una vez proferida la decisión, y que la demanda de tutela debe señalar con precisión estos defectos para poder ser analizados. La identificación de estos errores busca garantizar el debido proceso, promoviendo que las decisiones judiciales en casación sean fundamentadas correctamente y valoren de manera adecuada las pruebas y precedentes constitucionales, asegurando así el respeto a los derechos fundamentales y al sistema de justicia.