La Corte Constitucional refiere que, las respuestas de la ANT y del Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Tierras (MADR) a la acción de tutela son cruciales para comprender el enfoque del Estado frente a la reclamación de derechos territoriales. La ANT sostiene que ha cumplido con los procedimientos de titulación, argumentando que han pasado por diferentes etapas requeridas por la normativa, y que las solicitudes del CCNEP han sido atendidas en la medida de lo posible. Sin embargo, existe una percepción de que estas respuestas son más bien evasivas y no abordan la urgencia y la legitimidad de las reivindicaciones de la comunidad. Esto pone de manifiesto la tensión entre la burocracia estatal y los derechos fundamentales, así como la falta de un compromiso por parte de las autoridades para avanzar de manera efectiva en el reconocimiento de la propiedad colectiva de los pueblos afrodescendientes, evidenciando por ende la dilación y la ineficiencia en la acción estatal sobre el asunto.