La Corte Constitucional refiere que. el Decreto ley 632 de 2018 se presenta como un intento normativo significativo para fortalecer la organización y autogobierno de las comunidades indígenas, ofreciendo un marco legal que promueve la creación de entidades territoriales indígenas (ETI). La sentencia señala que, al momento de iniciar la tutela, diversas autoridades indígenas ya estaban en un proceso de organización bajo este decreto, lo que refleja un esfuerzo por cristalizar su autodeterminación. Sin embargo, esta intención se enfrenta a desafíos dados los históricos patrones de exclusión y la resistencia institucional, lo que pone en cuestión la efectividad de dicha normativa para cumplir su objetivo fundamental de empoderar a estas comunidades.