La Corte Constitucional denuncia que, a pesar de la existencia del marco normativo, existen constantes interrupciones y obstáculos que han afectado la implementación efectiva del decreto 632 de 2018. Se resalta la frustración de las comunidades ante la falta de acción legislativa y el incumplimiento de promesas constitucionales que han perpetuado una omisión que dura más de 30 años. Esta situación ha llevado a la necesidad de iniciar acciones de tutela adicionales, evidenciando que la falta de un seguimiento y una voluntad política clara por parte de las autoridades ha frustrado el objetivo de consolidar su organización como sujetos de derecho en el contexto de la Amazonía.
 

La Corte insta a que las autoridades indígenas y ordinarias aborden las situaciones donde confluyen la violencia física o psicológica, la discriminación por género o maternidad y el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena considerando las múltiples variables de vulnerabilidad: ser mujer, ser indígena y estar en embarazo. Asimismo, se realice una Coordinación entre jurisdicciones, enfatizando el deber de la Fiscalía General de la Nación de investigar posibles delitos (como tortura o lesiones personales) ocurridos dentro de territorios indígenas, garantizando el acceso efectivo de la víctima a la justicia.