La Corte Constitucional identifica que, el derecho a la propiedad colectiva implica que las comunidades tienen una relación intrínseca con sus tierras, que trasciende la mera tenencia formal y se destaca como un componente cultural y social fundamental. En esta decisión, se discute si la falta de participación en las decisiones sobre el uso y disposición de la propiedad colectiva afecta este derecho. La Corte abordó la importancia de considerar a los miembros de la comunidad no solo como individuos, sino como parte de un tejido social que legítimamente reclama su derecho a gestionar sus recursos y tomar decisiones sobre su territorio en función de sus tradiciones y necesidades, lo cual es vital para su autoafirmación cultural.