Establece la cátedra de la Afroraizalidad en todos los establecimientos educativos del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, reconociendo el Creole o Kriol como lengua materna oficial del pueblo étnico Raizal junto al castellano e inglés, modificando disposiciones de las Leyes 47 de 1993 y 115 de 1994 para garantizar la enseñanza multilingüe, obligando a funcionarios públicos a dominar los tres idiomas oficiales, creando mecanismos de certificación lingüística a través del Comité Lingüístico Departamental, e implementando programas de formación docente y protección del patrimonio cultural inmaterial raizal para preservar la identidad étnica y la afroraizalidad del archipiélago.
 

Modifica el artículo 687 del Código Civil estableciendo una nueva clasificación de animales que incluye la subclase de animales domésticos de compañía (aquellos introducidos al núcleo familiar con los que se crean lazos afectivos como perros y gatos) y de soporte emocional (los que proporcionan alivio y ayuda para el bienestar y salud mental certificados por profesional de salud mental), excluyendo fauna silvestre, exótica o con fines comerciales, y adiciona el numeral 17 al artículo 594 del Código General del Proceso para declararlos inembargables, protegiendo así que no puedan ser sustraídos de sus núcleos familiares mediante medidas cautelares en procesos judiciales.
 

Modifica la Ley 1998 de 2019 para rendir honores a los estudiantes fallecidos en el atentado del 17 de enero de 2019 en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, autorizando al Gobierno Nacional el ascenso póstumo excepcional al grado de Teniente con reconocimiento prestacional y pensional íntegro a los beneficiarios sin exigir dependencia económica, estableciendo que el personal uniformado en comisión de estudios se regirá por las normas de su categoría al momento del fallecimiento con opción al régimen más favorable, y autorizando el reconocimiento de nacionalidad colombiana por adopción póstuma a la cadete ecuatoriana Erika Sofía Chico Vallejo con aplicación de todos los beneficios establecidos.
 

Modifica parcialmente el Capítulo V del Título III de la Ley 30 de 1992.
 

Modifica los artículos 162 y 188D de la Ley 599 de 2000 para endurecer sustancialmente las sanciones contra el reclutamiento ilícito y la instrumentalización de menores de 18 años en la comisión de delitos, elevando las penas de prisión hasta los 600 meses y 30 años, respectivamente, y determinando que el consentimiento de la víctima no exonera la responsabilidad penal del victimario. Más allá del ámbito punitivo, esta ley estructural adopta un enfoque de justicia restaurativa y de especial protección constitucional a través de la creación del Plan Nacional de Prevención y la articulación obligatoria ante alertas de la Defensoría del Pueblo mediante programas del ICBF y estrategias territoriales con enfoque étnico y diferencial.
 

Crea la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear ANSN y se establece el marco legislativo que regula las actividades que involucran el uso de las radiaciones ionizantes, los materiales nucleares y los materiales radiactivos en el Territorio Nacional.