Fomenta la participación de las mujeres artistas en espectáculos públicos musicales financiados con recursos públicos, estableciendo un cupo mínimo del 40% para mujeres solistas o agrupaciones lideradas por mujeres, creando el Directorio Violeta para visibilizar artistas femeninas, implementando Puntos Violeta como espacios seguros contra violencias de género, desarrollando rutas integrales de atención a víctimas, promoviendo programas de formación musical especializada, certificando buenas prácticas institucionales, modificando requisitos para productores de espectáculos, estableciendo sistemas de monitoreo y evaluación, y autorizando recursos presupuestales para garantizar entornos seguros y equitativos en la industria musical nacional.
 

Crea la Red Nacional de Mujeres Ambientalistas y se dictan otras disposiciones.
 

Adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho (Decreto 1069 de 2015) para adoptar el Plan Transversal para la Búsqueda y Reparación de Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y Mujeres Desaparecidas. Esta norma se expide en desarrollo de la Ley 2326 de 2023 (que creó el mecanismo de urgencia "Alerta Rosa") y del Decreto 1428 de 2024, estableciendo un instrumento de carácter interinstitucional obligatorio para las 17 entidades que integran el Comité de Coordinación Nacional de la Alerta Rosa encabezado por la Fiscalía General de la Nación y con secretaría ejecutiva de la Policía Nacional y para las autoridades de todos los niveles territoriales. El Plan Transversal cuenta con un horizonte de vigencia de diez años (prorrogables), se articula de forma obligatoria con el Sistema Nacional de Búsqueda (Ley 2294 de 2023) y exige la aplicación de enfoques de género, diferencial e interseccional en todas las fases de búsqueda, localización, protección y reparación. Asimismo, impone el seguimiento semestral a través del Comité de la Alerta Rosa y la rendición de un informe anual de evaluación ante las Comisiones de Derechos Humanos y de la Equidad de la Mujer del Congreso de la República.
 

Dicta medidas para la prevención, atención y erradicación de la ablación o mutilación genital femenina (AMGF) en todo el territorio nacional, con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres desde un abordaje integral, diferencial, de género, interseccional, intercultural y comunitario.